La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido iniciar un «procedimiento sancionador» contra el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), por una posible infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Esta acción se deriva de unas declaraciones realizadas por el consejero durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el pasado 23 de mayo, en las que expresó críticas hacia la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
El acuerdo de la JEC, fechado el pasado 29 de mayo y consultado por Europa Press, es «definitivo en vía administrativa», aunque cabe la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un plazo de dos meses a partir de su notificación.
Esta resolución de la JEC surge a raíz de una denuncia presentada por el PSOE contra el consejero portavoz y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, por unas declaraciones realizadas por ambos durante la mencionada rueda de prensa en el Palacio de San Telmo.
La JEC ha estimado parcialmente dicha denuncia y ha establecido que «algunas de las declaraciones denunciadas han infringido el artículo 50.2 de la Loreg». Este artículo prohíbe cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga referencias a los logros obtenidos por las autoridades públicas desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración.
La JEC considera que en este caso, el uso de una conferencia de prensa institucional, como la posterior al Consejo de Gobierno, estaría incumpliendo dicho artículo de la Loreg al haberse realizado valoraciones descalificatorias hacia una destacada líder de otro partido político, así como elogios a los logros alcanzados por el gobierno autonómico al que pertenecen los consejeros denunciados.
La denuncia ha sido parcialmente estimada por la JEC, ya que no todas las declaraciones denunciadas se consideran una infracción del mencionado artículo 50.2, y no se han acordado todas las medidas solicitadas por la parte denunciante.
