El Foro de la Economía del Agua ha apelado a la planificación hidrológica y a la gestión racional del suelo para luchar contra la desertificación, un fenómeno, al que España es especialmente vulnerable.
Según los últimos datos disponibles, que el Foro de la Economía del Agua está recopilando en una publicación que verá la luz en los próximos meses, el 75% del territorio español (peninsular e insular) es potencialmente desertificable, mientras que el 20% de la superficie de nuestro país tiene problemas de desertificación más o menos avanzados. Además, el 40% de los acuíferos en España se encuentra en mal estado.
«A esta cifra, calculada desde la perspectiva de la erosión del terreno, habría que añadir los territorios afectados por el deterioro de las aguas subterráneas, que tiene una gran importancia en el proceso», ha explicado el investigador postdoctoral en la Estación Experimental de Zonas Áridas en el CSIC y autor de la publicación Jaime Martínez Valderrama, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se celebra el día 17 de junio.
La desertificación, que Naciones Unidas define como la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es un problema multicausal motivado principalmente por las variaciones climáticas (entre ellas, las sequías) y la acción humana, que requiere soluciones basadas fundamentalmente en la planificación hídrica y la gestión racional del territorio.
Respecto a este último aspecto, el Foro señala la importancia de tener en cuenta todas las vertientes –forestal, agraria y demográfica–, sin perder de vista la perspectiva económica. «Gestionar el suelo de manera sostenible y entenderlo también como un medio de generación de riqueza para las personas que lo habitan es el mejor modo de implicar colectivamente a la sociedad en la lucha contra su deterioro», ha explicado Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua.
En esta triple vertiente, el Foro destaca el papel de la agricultura para prevenir la erosión y los incendios forestales, así como herramienta de vertebración del territorio. «Además de contribuir al principio de la seguridad alimentaria del país, la agricultura genera externalidades positivas, como la protección y conservación de los suelos y la fijación de población al territorio. Se trata de una actividad con una alta demanda de agua pero que contribuye en paralelo a paliar los efectos negativos del fenómeno de la desertificación», ha señalado Lombardo.
En este sentido, Martínez Valderrama apunta la importancia de apostar al máximo por la sostenibilidad de esta actividad a través de «cultivos de calidad, adaptados al cambio climático, con un valor añadido alto y una menor exigencia de riego, teniendo en cuenta las posibilidades del territorio y su situación hídrica, de modo que su gestión sea sostenible a largo plazo».
El Foro de la Economía del Agua destaca la planificación hidrológica como el otro gran pilar para abordar la desertificación, ya que, pese a que las sequías y la escasez de agua no son la causa principal de este fenómeno, la escasez de agua aumenta la aridez de los terrenos y su degradación.
«Los planes hidrológicos, así como los de sequía, aunque no sean el instrumento específicamente indicado para ello, deben tener en cuenta el problema de la desertificación e incorporar criterios y parámetros que permitan mitigar los efectos de este fenómeno», ha apuntado Lombardo.
