La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, ha visitado este jueves la parcela de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara que el Gobierno andaluz ha adjudicado por 27,4 millones de euros al Grupo ABU –salió a subasta por 14,2 millones–, tras más de treinta años abandonada, para construir más de 300 viviendas, espacios verdes y equipamientos públicos. Carolina España ha recordado que el solar, de casi 30.000 metros cuadrados de extensión, formaba parte del patrimonio de la Junta desde 2010 cuando lo recibió junto a otros inmuebles como parte del pago de la deuda histórica que mantenía el Estado con Andalucía.
De los 29.806 metros cuadrados que tiene el solar, 7.521 metros serán ocupados por más de 300 viviendas. De ellas, al menos 101 serán de protección oficial y el resto de mercado libre. Ello supone, ha subrayado la Junta en una nota de prensa, «más actividad económica y más empleo durante y después de la construcción, y también mayor recaudación tributaria para las administraciones públicas».
Casi el 75% de la superficie se va a destinar a dotaciones y equipamientos públicos para uso y disfrute de todos los ciudadanos, ha destacado la Junta en una nota de prensa. «Hablamos de viario nuevo, pero también habrá más de 9.000 metros de zonas verdes (el 30% del espacio), y equipamientos educativos, sanitarios y socioculturales, como bibliotecas, centros cívicos y residencia de mayores, entre otros.
El proyecto prevé también la rehabilitación y conservación de la gran nave central de la antigua fábrica, protegida urbanísticamente como ejemplo representativo de arquitectura industrial, que se destinará a uso dotacional. «Hasta hace cuatro años», ha señalado la consejera, «todas estas propiedades solo costaban dinero a la Junta y no tenían uso ni generaban beneficio alguno para los ciudadanos. Y en estos cuatro años, la Junta de Andalucía ha obtenido 117 millones de euros por la adjudicación de inmuebles».
«El Gobierno andaluz está poniendo en valor estos inmuebles, vendiéndolos mediante subastas públicas, con absoluta transparencia y el máximo rigor. Lo que antes era una carga, ahora lo estamos transformando en una oportunidad y una palanca para la inversión, el empleo y el crecimiento. Estamos vendiendo a empresas edificios en desuso, que sólo generan coste a la administración, para que los pongan en valor y generen empleo», ha manifestado Carolina España.
La consejera ha llamado la atención sobre el hecho de que, desde el año 2010, cuando se transfirió la propiedad de los inmuebles a la Junta de Andalucía como pago de la deuda histórica, ninguno de esos edificios se comercializó ni se vendió hasta 2019, cuando se celebró la primera subasta. En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio está preparando la cuarta y la quinta subastas, que se celebrarán, previsiblemente, durante 2023, una en la primavera y otra a lo largo del verano, y que pondrán a la venta 15 y 21 inmuebles.
«La fórmula de las subastas supone un éxito de gestión, en tanto que permite rentabilizar un patrimonio infrautilizado o en desuso, que es de todos los andaluces, y supone un ahorro para la administración y, sobre todo, una oportunidad de creación de empleo y riqueza», ha explicado Carolina España, que ha añadido que, «desde que se iniciaron las subastas, la Junta de Andalucía ha obtenido 117 millones de euros por la adjudicación de inmuebles».
