El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, confía en que se haga justicia en el juicio que resolverá la última demanda presentada por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden. La Junta reclama a Boliden alrededor de 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental derivados de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, que era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Durante una declaración a los medios en Níjar (Almería), el consejero se refirió al inicio del juicio el martes, cuyo objetivo es determinar el pago de los gastos realizados para la recuperación ambiental después de lo que él describe como «uno de los mayores desastres ecológicos que Europa ha presenciado en las últimas décadas y que casi alcanzó las puertas del Parque Nacional de Doñana».
Fernández-Pacheco destacó que esta zona ha sido «restaurada» y ha recuperado su «altísimo valor». Añadió que la Junta trabaja para lograr un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico de la mina, que representa el futuro y el bienestar de muchas familias.
En esta línea, el representante de la Junta aseguró que el Gobierno andaluz trabaja para evitar que se repita una situación similar en el futuro. Destacó que esto es precisamente lo que defiende la Junta de Andalucía y también lo que exigen los ciudadanos andaluces. Además, recordó que el dinero destinado a la recuperación del entorno es dinero de todos los andaluces, por lo que la demanda se realiza en defensa del interés general.
El consejero enfatizó la necesidad de mantener medidas de protección ambiental, especialmente en julio, un mes marcado por altas temperaturas que han llevado a tres provincias a estar en alerta amarilla debido a la sequía. Expresó que se enfrentan al gran reto de combatir los incendios forestales en Andalucía durante el verano y que se han destinado más recursos a la prevención de incendios que a la extinción, algo que nunca antes se había hecho en la historia de la región.
Fernández-Pacheco reconoció que algunas de las normas para preservar el terreno forestal pueden resultar incómodas para los usuarios, pero afirmó que su única finalidad es proteger el campo y asegurar que en el próximo año se puedan disfrutar de las mismas masas forestales que existen en la actualidad. Agregó que, en caso de incendio, se necesitarían décadas para recuperar esos ecosistemas.
El consejero hizo un llamamiento a la responsabilidad ante las condiciones de sequía en los montes, destacando que el Gobierno andaluz está tomando medidas activas para garantizar el suministro de agua y optimizar este recurso escaso y valioso.
