El que fuera secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente y jefe de gabinete de dicho departamento Juan Antonio López Domecq ha manifestado este martes ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, que «toda» la restauración acometida tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); fue «imprescindible y necesaria» y que la «persistente contaminación» necesitaba una actuación «integral».
Juan Antonio López Domecq ha sido la primera persona en comparecer en el juicio iniciado este martes por dicha instancia judicial, sobre la reclamación de 89,8 millones de euros de la Junta a Boliden, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública tras la el desastre medioambiental acontecido en 1998, como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Apirsa como ha sido señalado.
López Domecq, como cargo de confianza de libre designación en la Consejería de Medio Ambiente, firmó un informe fechado en febrero de 2004 a instancias de la Junta de Andalucía sobre la restauración de la zona afectada por el vertido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
Al respecto, mientras según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda de la Junta incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios» a juicio de la entidad; López Domecq ha defendido que el proyecto del Corredor Verde estuvo «íntimamente unido a la restauración» de la zona afectada por el vertido, porque dadas las dimensiones» de la contaminación, no bastaba con una «restauración meramente estética», sino que era necesaria una actuación «integral o global».
Los técnicos de la Administración y los científicos, según ha dicho, certificaron que «todo lo que se hizo» para restaurar la zona afectada por el vertido, incluyendo el Corredor Verde del Guadiamar, era «imprescindible y necesario» para contrarrestar el impacto de este vertido contaminante de grandes dimensiones.
Así, ha defendido la necesidad de acometer «una restauración distinta», que «superase» las consecuencias del «desastre» medioambiental en todos los ámbitos, admitiendo que hubo actuaciones más allá del suelo directamente afectado, rememorando la «contaminación persistente» fruto de este macro vertido y la gran «alarma social» derivada del mismo. Pesaba, según ha enfatizado, la «imperiosa necesidad de restaurar toda la zona» de influencia del vertido.
En ese sentido, ha manifestado que no conoce que el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar fuese planteado antes de que aconteciese la catástrofe medioambiental de 1998.
Respecto a la tesis de Boliden de que la reclamación de la Junta incluye cuantías «controvertidas» por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas; López Domecq ha asegurado que no le consta «ningún problema» con las contrataciones derivadas de las labores de restauración o alguna situación de impago.
Tras alegar la defensa de Boliden que de su informe se deduce una «falta de acreditación de los gastos imputados» a la empresa, este ex secretario general de la Consejería de Medio Ambiente ha defendido que los expedientes de contratación, incluyendo facturas, contaban con la «documentación precisa». «Todos los expedientes fueron hechos con arreglo a procedimiento», ha aseverado, asegurando que le consta que fuesen detectados «problemas» administrativos o económicos sobre dichos expedientes.
