La organización agraria COAG-Sevilla ha pedido amparo a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para incluir a los agricultores de las Marismas del Guadalquivir en el tercer decreto de sequía.
En un comunicado, explica que ha enviado al viceconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, una carta en la que le traslada «la dramática» situación del sector en esta zona y le pide «encarecidamente» que se les atienda, «al amparo del presupuesto de diez millones de euros contemplado en el tercer decreto de sequía de la Junta de Andalucía».
COAG-Sevilla ha insistido en que la situación es «dramática» para los regantes de las Marismas del Guadalquivir que «se quedan fuera de las ayudas de sequía», mientras ven «cómo sus explotaciones están al límite por la sequía, la reducción de las dotaciones de riego y los costes de producción».
El secretario provincial de COAG-Sevilla, Ramón García, ha señalado que el Gobierno central «ni siquiera los contempla» y «no entendemos que desde Madrid no se haya tenido en cuenta esta comarca», mientras que «esperamos que en Andalucía sí lo haga».
García ha insistido en que la producción de los cultivos tradicionales de nuestra zona ha sido nefasta: la remolacha se ha secado, y de las 90/100 toneladas, que sería lo normal, se ha pasado a apenas 25 toneladas de producción; el cereal se ha perdido en más de un 70%, y se ha procesado para heno; el girasol ni siquiera se ha sembrado por la escasas dotaciones de agua y las perspectivas del algodón son nefastas».
«Solo hay que salir a la carretera y es desolador ver el paisaje, en la zona no hay nada, es como si hubiese caído una bomba, está todo seco», ha subrayado.
La situación de los agricultores de la zona es «límite». Partiendo del general incremento de los costes de producción que soporta el sector agrario, y los efectos de una acusada sequía, que suma ya tres campañas con fuertes reducciones en la dotación de agua para riego, que «no dan para sacar adelante ningún cultivo».
Ahora, además, critican que se quedan fuera de unas ayudas que puedan, en parte, «salvar su forma de vida, en la mayoría de los casos explotaciones familiares, cuyo único ingreso procede de la agricultura».
