El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, hace un llamado a los prácticos que prestan servicio en el puerto para mostrar «un poco más de sensibilidad» y llegar a un acuerdo sobre las tarifas sin poner en riesgo un negocio de 1.200 millones de euros anuales. Carmona advierte que si el puerto se vuelve demasiado costoso, los barcos dejarán de venir y las empresas buscarán otros puertos, afectando tanto al negocio general como al de los prácticos.
En una entrevista con Europa Press, Carmona destaca la importancia de «resolver» la situación y eliminar la incertidumbre generada cuando el servicio de practicaje se detuvo en mayo para exigir una subida de tarifas de hasta un 40%. La APS abrió un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir por «infracción grave» y presentó una denuncia ante la Fiscalía como resultado de esa acción.
El presidente de la APS reconoce los esfuerzos que todos, incluidos los prácticos, están haciendo para encontrar un equilibrio entre el interés del puerto de atraer más barcos y la retribución adecuada para el servicio de practicaje, que es un trabajo «singular» debido a la navegación por los 87 kilómetros del canal hasta los muelles de Sevilla.
Carmona sostiene que las tarifas no deben aumentar tanto como para desalentar a los armadores a traer sus barcos a Sevilla. Destaca la necesidad de mejorar las retribuciones sin afectar significativamente al mercado. Los prácticos tienen la intención de recurrir la decisión del puerto de prorrogar la licencia con las condiciones salariales que rechazan, y Carmona considera que es razonable que presenten recursos y que un juez sea la instancia que decida en caso de desacuerdo.
El colectivo de prácticos reclama una subida del 40% en las retribuciones, lo que supondría salarios brutos individuales de alrededor de 190.000 euros al año. La Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir tiene el monopolio de la prestación del servicio de practicaje en el Puerto de Sevilla. La APS ha trasladado las prácticas que considera contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia para que sean evaluadas por la Comisión Nacional de la Competencia.
