La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido el informe ‘Fiscalización financiera y de cumplimiento de determinadas áreas de la Mancomunidad de Servicios La Vega’, de la provincia de Sevilla, en el que señala una serie de «incumplimientos de legalidad» de este organismo, relacionados con actividades desarrolladas en el ejercicio 2022 que «no se ajustan al marco normativo aplicable».
Según el informe, los principales incumplimientos de legalidad detectados se encuentran en los siguientes capítulos: estructura y organización, presupuestos y liquidación del mismo, modificaciones presupuestarias, control interno, personal, ingresos presupuestarios y deudas con acreedores.
Uno de los señalamientos es que sobre el servicio prestado por la mancomunidad en los municipios de Alcolea, Cantillana, El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, La Algaba, La Rinconada, Lora del Río, Peñaflor, Tocina y Villaverde del Río «no constan los convenios que amparen la prestación de este servicio». Por lo tanto, se desconoce el título jurídico habilitante para la prestación de estos servicios.
El Ayuntamiento de El Ronquillo, por otro lado, presta el servicio de recogida de residuos en ciertas áreas del municipio de Guillena según un convenio establecido hasta 2016, pero desde ese año, aplican un convenio no vigente.
Otro incumplimiento importante es que la Mancomunidad de La Vega ha «incumplido de forma sistemática» el artículo 11.b) de la Ley de la Cámara de Cuentas, que establece que las cuentas de las Corporaciones Locales se deben presentar dentro del mes siguiente a su aprobación por los respectivos órganos. En este caso, no han rendido ninguna Cuenta General a la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales desde 2006.
El informe también destaca problemas relacionados con la situación laboral del organismo, ya que solo cuatro de los 73 empleados laborales indefinidos tienen reconocido su carácter de indefinidos no fijos mediante sentencia judicial, mientras que el resto tiene contratos indefinidos o temporales que se han ido concatenando o no se han renovado correctamente.
Además, hay deudas con acreedores que han presentado facturas por prestaciones de servicios que superan el límite establecido para la contratación menor, y se han fiscalizado operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por falta de consignación presupuestaria, infringiendo así la Ley 47/2003 General Presupuestaria.
Ante estos hallazgos, la Cámara de Cuentas ha recomendado implantar medidas para mitigar el riesgo de sufrir ataques informáticos, establecer procedimientos que garanticen la documentación adecuada para las operaciones imputadas a la liquidación del presupuesto, crear un registro para el control de convenios y acuerdos con otras entidades, y aprobar medidas para garantizar que los Estatutos se ajusten a la normativa vigente y los servicios prestados se realicen dentro del ámbito territorial establecido, entre otras acciones.
