La Policía Nacional, en colaboración con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación y venta de artículos falsificados. En esta operación, se han incautado casi 250,000 artículos y se ha detenido a 39 personas en diversas provincias españolas, siete de ellas en Andalucía.
Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo 13 registros domiciliarios y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos en diferentes puntos del país, resultando en 14 detenidos en Madrid, 4 en Sevilla, 15 en Girona, 3 en Málaga y otros 3 en Tenerife.
La organización criminal modificaba constantemente su forma de operar para evitar ser detectada, cambiando las formas de pago, las vías de entrada de la mercancía y la distribución de los productos falsificados.
La investigación se inició tras recibir información sobre una organización criminal jerarquizada compuesta por ciudadanos senegaleses asentados en España. Esta organización se dedicaba a la importación y venta de productos falsificados y buscaba ocultar el origen ilegal de sus beneficios para integrarlos en los sistemas económicos y financieros legales tanto de España como de terceros países.
Las falsificaciones incluían productos como ropa, calzado, joyas y artículos de marroquinería, algunos de los cuales llevaban etiquetas o serigrafías de marcas registradas, vulnerando así los derechos de propiedad industrial de estas marcas.
La operación llevaba funcionando al menos desde 2016, y la organización operaba con una estructura piramidal y un claro reparto de tareas entre sus miembros. En la cúspide de la organización se encontraba una mujer que ejercía funciones de dirección y gestión. Ella se encargaba de importar los productos falsificados y recibía la mayor parte de los beneficios económicos.
Una vez introducidos los artículos en España, eran distribuidos por todo el país a través de diferentes puntos logísticos o empresas de paquetería, controlados por un jefe de distribución que recibía instrucciones. Los destinatarios finales, principalmente ciudadanos africanos en situación irregular y con escasos recursos económicos, comercializaban los productos a través del conocido ‘top manta’, entregando parte del beneficio a niveles superiores de la organización.
