La Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concluido el proceso de desamparo que había iniciado para el hijo menor de edad de una madre. A pesar de que el Servicio de Protección de Menores aún considera la situación del menor «grave», la Administración ha cerrado el caso debido a que el joven tiene ya 15 años, ha expresado su deseo «explícito» de regresar con su madre y el proceso ha caducado, según lo señalado por la entidad.
El abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, explicó que el pasado 13 de febrero, la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad tomó la decisión de desamparar provisionalmente al menor, lo que incluía la autorización para que el Servicio de Protección de Menores lo retirara de su Instituto de Educación Secundaria.
En la disputa por esta resolución, el abogado argumentó que la misma debería haber sido comunicada a la madre del menor de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, según establece la normativa. Sin embargo, esto no sucedió y la decisión se llevó a cabo sin que la madre tuviera conocimiento previo.
La Consejería de Inclusión Social defendió que había actuado de acuerdo a todas las garantías legales y jurídicas, con el objetivo principal de proteger el bienestar y la seguridad de los menores.
ARCHIVO DEL PROCESO Ahora, la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha emitido una resolución en la que se decide archivar el proceso de desamparo del menor. Aunque se mantenía una preocupante situación en relación al menor, la Delegación ha optado por revocar la declaración provisional de desamparo debido a la edad del joven, que ahora tiene 15 años, y su expreso deseo de volver con su madre. Sin embargo, la Administración ha indicado que seguirá realizando un seguimiento específico del caso a través de los Servicios Sociales para evitar futuras situaciones de «desprotección».
Además, la Administración ha excedido el plazo legal para emitir una resolución final en el procedimiento, lo que ha llevado a la caducidad del expediente. No obstante, los servicios sociales municipales se mantendrán involucrados en el caso para prevenir posibles riesgos.
El abogado de la madre ha considerado esta medida como una «rectificación administrativa», lo cual demuestra, según su opinión, que la actuación inicial de la Administración fue «irregular y sin las garantías legales y jurídicas establecidas». Además de la querella penal presentada, está estudiando acciones legales para buscar el «resarcimiento de los daños morales» ocasionados por lo que considera una actuación incorrecta por parte de la Administración.
