La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha comunicado que en el año precedente, un total de 177,705 ciudadanos andaluces presentaron solicitudes de asistencia legal gratuita. De estos, el 88.3% (157,063) fueron reconocidos como beneficiarios de este derecho proporcionado por abogados y procuradores del turno de oficio, cuyos honorarios son cubiertos por la misma Consejería. Esto asegura el acceso a la Justicia como un derecho fundamental para todas las personas, independientemente de sus recursos económicos.
En el mismo sentido, la Consejería de Justicia emitió un comunicado destacando que únicamente 18,048 solicitudes fueron rechazadas, constituyendo el 10%. En la mayoría de los casos, las negaciones se debieron a la falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a este servicio (16,738), mientras que en 1,310 casos, las Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita consideraron inviables o indefendibles las pretensiones. Esto resultó en 688 resoluciones archivadas y 1,906 expedientes aún pendientes de resolución o en proceso de apelación.
En relación a esto, se señaló que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita aquellos cuyos ingresos brutos anuales no excedan dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aumentando a 2.5 veces para familias con dos o tres miembros y a tres veces para familias con cuatro miembros o más.
Adicionalmente, sin limitación de ingresos, este derecho se otorga a víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos en casos relacionados con estas cuestiones. También a menores y personas con discapacidad en situaciones de abuso o maltrato, y a aquellos con secuelas tras un accidente que les impidan trabajar y requieran asistencia para su vida diaria en casos de reclamación por daños personales y morales.
Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. La web de la Consejería de Justicia ofrece formularios descargables, información sobre la documentación necesaria y un simulador para determinar la elegibilidad en: enlace web.
Según el contexto, los abogados y procuradores del turno de oficio mayormente brindaron asistencia en procesos penales (94,506), seguidos por casos civiles (44,250) y, en menor medida, en contenciosos, sociales, militares u otros (18,307).
La Consejería señaló que estos profesionales certifican su trabajo trimestralmente, tras lo cual la entidad procede al pago a través de los colegios profesionales. Actualmente, el tiempo de pago promedio es de 15 días hábiles desde la presentación de las certificaciones.
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, recordó que en el último pago, correspondiente a los servicios entre abril y junio, «gracias al esfuerzo conjunto de la Consejería y los colegios profesionales, logramos pagar al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) en un tiempo récord de 10 días».
Desde el 1 de enero de 2023, las remuneraciones de los profesionales aumentaron un 4% en espera de una nueva orden de módulos y bases que regule las retribuciones del turno de oficio. Estas tarifas estaban congeladas desde 2009. La orden, consensuada con los colegios profesionales, planea aumentar en un 16% en promedio las tarifas que los abogados y procuradores recibirán a partir de 2024.
Nieto afirmó que «los profesionales del sistema de Justicia Gratuita realizan una labor social fundamental. Desde la Consejería, buscamos reconocer adecuadamente su trabajo mediante la actualización de sus honorarios a través de una nueva orden de módulos y bases que se aprobará próximamente en el Consejo de Gobierno».
