Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona han elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número tres de dicho municipio, reclamando un «impulso procesal» a la investigación penal del asunto, con aspectos como las periciales acordadas sobre la teoría de los pozos negros «como posible foco» de la contaminación.
Según han informado fuentes de la representación del colectivo, en el escrito registrado en el Juzgado, se rememora que allá en noviembre de 2022, esta misma instancia judicial acordó solicitar un informe pericial, aún pendiente, sobre la «teoría de los pozos negros como posible foco» de la contaminación junto con la gasolinera, así como sobre la ubicación y estado de tales pozos.
Dado el caso, visto el tiempo transcurrido desde noviembre de 2022 y «la paralización del procedimiento» judicial, según el colectivo, el mismo reclama un «impulso procesal» a las diligencias con aspectos como la práctica de las citadas actuaciones del informe pericial.
El pasado mes de junio, recordémoslo, los afectados pedían igualmente un «impulso procesal» a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respecto al litigio promovido contra diferentes actos y «silencios administrativos» al respecto del Ayuntamiento de la localidad, la Consejería de Salud y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
En su escrito al TSJA, recogido por Europa Press, el colectivo de afectados exponía que «el 29 de marzo de 2022 fue dictada providencia» por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, dejando «constancia de la recepción de los escritos de conclusiones de todas las partes del proceso, quedando el pleito concluso y los autos pendientes de señalamiento de día para votación y fallo», pues «desde entonces han transcurrido un año y tres meses sin que hasta la fecha haya sido notificada ninguna resolución del procedimiento judicial».
Este proceso, cabe precisarlo, corre paralelo pero por separado respecto a la investigación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río, que indaga la vertiente penal de la citada fuga de hidrocarburos en la gasolinera, a cuenta del impacto de la misma.
«SITUACIÓN LÍMITE»
El colectivo precisaba ante la Sala de lo Contencioso del TSJA que es consciente de «la situación material de sobrecarga de trabajo» que sufre el tribunal», pero esgrimía «la extrema urgencia y necesidad» que padecen estos vecinos de Coria, «en forma de gases tóxicos en los hogares», toda una «situación límite que está poniendo en grave riesgo» su «integridad física».
Por eso, los vecinos afectados reclamaban ya un «impulso procesal», solicitando a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que «tenga por interesado el dictado de una sentencia» sobre el caso.
Cabe recordar un informe de fecha 18 de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que respecto a la calidad de los suelos y las aguas subterráneas del entorno de Coria objeto de esta situación, detecta «un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales»; así como «un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas» con «grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir» y un «riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria».
«RIESGO INTOLERABLE DE EXPOSIÓN AL SULFATO DE DIMETILO»
Y es que según dicho informe, «en las muestras analizadas en el interior de las viviendas, se obtiene como conclusión de la evaluación del riesgo de exposición a los compuestos orgánicos volátiles identificados en las mediciones, que el riesgo es moderado para a benceno, tolueno, fenol y 1,2,3-trimetilbenceno, importante para n-hexano e intolerable para sulfato de dimetilo».
Además, el informe recuerda que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas «bajas concentraciones» de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, «con características toxicológicas importantes», señalando que median documentos que «acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir».
En 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla reconocía la «incapacidad permanente en grado total» a uno de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria afectado por esta contaminación, señalando específicamente la «exposición» de esta persona a hidrocarburos como el benceno, el tolueno o el n-hexano, «por encima de los valores aceptables».
