Un agente de la Guardia Civil encargado de investigar el caso de la muerte de Rocío Caíz ha recordado cómo el inculpado reconoció el crimen cuando ya se sintió «superado» por el avance de las pesquisas, insistiendo en su empeño por «ocultar» los hechos y «obstaculizar» las pesquisas.
Este agente ha explicado que el acusado, identificado como N.A., de nacionalidad rumana y de 25 años de edad actualmente, fue interrogado inicialmente dos veces en las que se desligó de los hechos, acontecidos el 2 de junio de 2021 cuando la joven acudió desde su domicilio familiar de Martín de la Jara a Estepa, donde mantuvo un encuentro con el inculpado en la vivienda que había sido el domicilio de ambos cuando eran pareja, en la calle Villa Blanca, para acordar la entrega del dinero referente a la pensión de alimentos del hijo menor en común.
ESTRANGULAMIENTO CON UN CORDÓN
Allí se habría originado una discusión entre ambos por la negativa de la fallecida a retomar la relación, en el transcurso de la cual el acusado, «haciendo uso de un cordón de pantalón, y tras colocarse detrás» de la menor, según la Fiscalía, «rodeó el cuello de ésta con el citado cordón, y con ánimo de acabar con su vida, hizo presión constante en el mismo hasta que el cuerpo» de su ex pareja «se desvaneció», causando la muerte de la misma por estrangulamiento.
La Fiscalía agrega que, posteriormente, el acusado, «con ánimo de ocultar el cadáver e imposibilitar su identificación en caso de ser hallado, desnudó el cuerpo y, haciendo uso de dos cuchillos, procedió a descuartizar el mismo, guardando los restos desmembrados en bolsas de plástico que durante los días posteriores fue esparciendo en diferentes zonas» de Estepa.
Por eso, la Fiscalía reclama para él 14 años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género, así como cuatro meses más de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos con la agravante de parentesco.
LA FAMILIA APRECIA AGRESIÓN SEXUAL
La familia de Rocío Cáiz solicita para N.A. dos años y diez meses de cárcel por un supuesto delito de maltrato habitual, un año y ocho meses de cárcel por dos delitos de lesiones, once años más por un presunto delito de agresión sexual con las agravantes de género y parentesco, prisión permanente revisable por un supuesto delito de asesinato con las mismas agravantes, cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos, dos años más de cárcel por un delito de suplantación de identidad derivado de haber usado sus perfiles en las redes sociales tras el crimen y una multa por un delito leve de daños.
Al respecto, este agente ha expuesto que en aquellos dos interrogatorios, realizados en el marco de la búsqueda de Rocío Cáiz después de que su familia denunciase su desaparición, N.A. negó cualquier conocimiento de su paradero y dijo que ella se marchó de la vivienda, si bien los investigadores detectaron «contradicciones» en su testimonio. El acusado, según ha destacado, «pudo haberse entregado desde el primer momento, pero alargó» las pesquisas al no aportar información.
«OBSTACULIZAR TODA» LA INVESTIGACIÓN
El hecho de que descuartizase el cadáver y diseminase las piezas por diferentes lugares de Estepa, escondiendo la cabeza de la víctima en un espacio cercano a la nave donde él trabajaba, refleja según el agente el empeño de N.A. por «ocultar» los hechos y «obstaculizarlo todo».
Este agente ha reconocido en paralelo que una vez se entregó, el inculpado fue «colaborativo y frío» durante el resto de la investigación, pero ha expuesto que el mismo sólo admitió la autoría del crimen cuando se vio «superado» por la situación dado el avance de las pesquisas y su padre le «convenció» para que se entregase, porque según ha dicho siempre estuvo buscando «una coartada».
