Durante el juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el joven acusado de matar y descuartizar en Estepa en junio de 2021 a la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara Rocío Caíz, con la que había mantenido una relación sentimental, un tío de la víctima ha testificado este martes que tras desaparecer su sobrina, el inculpado le aseguró que ella le había «quitado la cartera» y se había «marchado con otro muchacho», avisando este familiar de la fallecida de que el citado joven estaba intentando contar con «la coartada perfecta».
En esta nueva sesión del juicio, dirigido contra A.N., de nacionalidad rumana y de 25 años de edad, quien ha admitido que estranguló a su expareja, alegando que fue en el marco de una pelea entre ambos y que no era su «intención» matarla, han comparecido nuevos testigos, como un tío de la menor.
Este testigo ha manifestado que tras la desaparición de Rocío Cáiz el 2 de junio de 2021, día en el que ella se desplazó desde su hogar familiar de Martín de la Jara hasta la vivienda del acusado en Estepa, él acudió a esta localidad para hablar con el inculpado y entonces expareja de la menor, para preguntarle por el paradero de su sobrina.
Según su relato, una vez llegó a Estepa se encontró con el acusado, quien le habría expuesto que Rocío Cáiz y él, quienes tenían un hijo en común, se habrían «separado» porque no se llevaban «bien» y que ella le «había quitado la cartera y se había marchado con otro muchacho», planteamiento que habría repetido en varias ocasiones tras insistir este hombre en sus preguntas sobre el posible paradero de su sobrina.
Este tío de Rocío Cáiz ha considerado así que el acusado, que había descuartizado el cuerpo de la joven y había ocultado sus restos en bolsas de plástico escondidas en diferentes lugares de Estepa y sus proximidades, según ha reconocido, estaba intentando montar «la coartada perfecta», mostrándose «tan tranquilo» cuando sostenía una y otra vez que ella se había «marchado con otro» tras sustraerle la cartera.
ASEGURA QUE EL ACUSADO ES «FRÍO Y CALCULADOR»
El testigo ha señalado así el modo «frío y calculador» con el que actuó el acusado tras el crimen, recordando que el mismo «no participó» en las labores de búsqueda de Rocío Cáiz aunque sí protagonizó diferentes intervenciones en la televisión, lo que le ha llevado a rememorar cómo el ahora autor confeso de la muerte de Rocío Cáiz reprochaba aquellos días a la familia de la víctima que le hubiesen «culpado» de la desaparición de la menor ante la Guardia Civil.
También ha declarado como testigo una trabajadora social de Martín de la Jara, quien ha explicado que en una ocasión la Fiscalía le solicitó un informe sobre Rocío Cáiz como consecuencia de «una denuncia», exponiendo especialmente que una semana antes del crimen, acudieron a una entrevista con ella la citada joven y su madre para solicitar ayuda económica y empleo.
En aquel encuentro, según ha dicho, la madre de Rocío Cáiz habría dicho que su hija le había manifestado que el acusado «le pegaba», ante lo cual la menor «asentía», aunque sin aportar información verbal sobre el asunto. Esta trabajadora social ha admitido que en una entrevista previa con la joven, ella no había mencionado nada de sufrir malos tratos por parte de su pareja, si bien ha precisado que muchas víctimas de violencia de género no revelan la situación hasta mucho después de sufrirla.
PETICIONES DE CONDENA
La Fiscalía reclama para A.N. 14 años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género, así como cuatro meses más de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos con la agravante de parentesco.
La familia de Rocío Cáiz solicita dos años y diez meses de cárcel por un supuesto delito de maltrato habitual, un año y ocho meses de cárcel por dos delitos de lesiones, once años más por un presunto delito de agresión sexual con las agravantes de género y parentesco, prisión permanente revisable por un supuesto delito de asesinato con las mismas agravantes, cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos, dos años más de cárcel por un delito de suplantación de identidad derivado de haber usado sus perfiles en las redes sociales tras el crimen y una multa por un delito leve de daños.
