Durante el juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el joven acusado de matar y descuartizar en Estepa en junio de 2021 a la joven de 17 años vecina de Martín de la Jara Rocío Caíz, con la que había mantenido una relación sentimental, el varón pareja de la madre del inculpado ha testificado este miércoles por videoconferencia, que el citado joven se entregó a las autoridades al sentirse «rodeado» y «entre la espada y la pared», en un momento en el que «iba a coger un tren» para marcharse.
Este varón, pareja de la madre del acusado, identificado como A.N., de nacionalidad rumana y de 25 años de edad actualmente, ha manifestado que después de que Rocío Cáiz desapareciese el 2 de junio de 2021, cuando la joven acudió desde su domicilio familiar de Martín de la Jara a Estepa, donde mantuvo un encuentro con el inculpado en la vivienda que había sido el domicilio de ambos cuando eran pareja; hubo «mucha incertidumbre» en torno al posible paradero de la menor, que compartía un hijo con el inculpado.
CRIMEN Y DESCUARTIZAMIENTO
En los primeros momentos, según ha rememorado, A.N. le habría manifestado que su expareja «se había ido» con otro muchacho, toda vez que según la Fiscalía y según ha reconocido el propio inculpado, una vez estaban ambos en la vivienda de él sita en Estepa, habrían discutido y él «haciendo uso de un cordón de pantalón», estranguló a Rocío Cáiz por la espalda hasta matarla, tras lo cual, «con ánimo de ocultar el cadáver», descuartizó el mismo y escondió las partes del mismo en bolsas de plástico diseminadas por diferentes lugares del pueblo, como contenedores de basura junto a un supermercado o una nave o la maleza que cubría un arroyo seco.
El inculpado, en ese sentido, ha reconocido que estranguló a su expareja, pero alegando que fue en un marco de una pelea entre ambos, con agresiones mutuas, que no era su intención matarla y que incluso intentó reanimarla, si bien un médico forense ha descartado que el cadáver de Rocío Cáiz presentase signos asociables a un intento de reanimación. En cuanto al desmembramiento del cuerpo, asegura que lo hizo para «ganar tiempo» y poder «pensar».
Especialmente, la pareja de la madre de A.N. ha respondido preguntas sobre la entrega de A.N. a las autoridades, después de que este asegurase en el juicio que cuando se entregó en la sede de la Policía Local de Herrera llevaba más de 1.600 euros en metálico en su poder para poder «tener dinero en la cárcel» y que no lo hizo en Estepa porque le daba «vergüenza» hacerlo en un municipio donde él era conocido.
Este hombre ha explicado al respecto que fruto de sus «conversaciones» con la madre del acusado, –después trasladadas por él mismo a la Guardia Civil–, supo que el mismo había dicho a su progenitora que «había terminado con la vida de Rocío. Ella le contó, según su relato, que el joven «iba a la estación del AVE de Herrera para irse», que «iba a coger un tren». Habría sido la madre, según ha dicho, quien habría «convencido» a A.N. de que se entregase a las autoridades, en un marco en el que el mismo se sentiría ya «rodeado y entre la espada y la pared».
AÚN NO SABÍA QUE PENSABAN DETENERLE
No obstante, ha considerado que a su entender, en ese momento preciso, el acusado aún no sabía como tal que la Guardia Civil ya le estaba buscando para detenerle, reconociendo en paralelo que en su entrega pudo pesar además el hecho de que no soportase más el haber acabado con la vida de su expareja.
La Fiscalía reclama para A.N. 14 años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género, así como cuatro meses más de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos con la agravante de parentesco.
La familia de Rocío Cáiz solicita dos años y diez meses de cárcel por un supuesto delito de maltrato habitual, un año y ocho meses de cárcel por dos delitos de lesiones, once años más por un presunto delito de agresión sexual con las agravantes de género y parentesco, prisión permanente revisable por un supuesto delito de asesinato con las mismas agravantes, cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos, dos años más de cárcel por un delito de suplantación de identidad derivado de haber usado sus perfiles en las redes sociales tras el crimen y una multa por un delito leve de daños.
