Ecologistas en Acción ha considerado que el dictamen ambiental favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis; constituye una «absoluta irresponsabilidad», habida cuenta de que la Audiencia de Sevilla prevé celebrar en 2025 el juicio destinado a resolver si mediaron delitos de tráfico de influencias, prevaricación o fraude en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel.
Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción en Sevilla, ha manifestado en declaraciones que si bien el colectivo no tiene «notificación» alguna respecto a dicha decisión de la consejería, con la emisión de dicho dictamen favorable, tal departamento sería «cómplice de los posibles delitos» atribuidos a las 16 personas que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzgará desde marzo de 2025, por la adjudicación de los derechos de explotación de la corta minera de Aznalcóllar.
LOS ACUSADOS
Se trata, principalmente, de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
El juicio abarca presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
LAS DOS ÓRDENES DE SOBRESEIMIENTO Y LA JUEZ ALAYA
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
Para Isidoro Albarreal, constituye «una absoluta irresponsabilidad» que la Junta de Andalucía emita un dictamen ambiental favorable para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del recinto, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.; cuando «no hay certeza» de que la adjudicación de los derechos de explotación a la alianza formada entre Grupo México y Minorbis esté exenta de «métodos de corrupción».
