El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Antonio Ramírez, han explicado que la Junta ahorrará 16 millones anualmente en alquileres de edificios públicos en la provincia de Sevilla al recuperar 25 inmuebles vendidos en 2014.
En este sentido, la Junta de Andalucía ha cerrado un acuerdo para recomprar por valor de 328 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes, los 70 inmuebles que pertenecían a la Junta de Andalucía y que fueron vendidos en 2014. En ellos desempeñan su labor más de 8.500 empleados públicos. La operación supondrá un ahorro de más de 100 millones a las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar desde el año 2034 en adelante, según explica en una nota de prensa.
En concreto, según ha explicado Ricardo Sánchez, en la provincia de Sevilla se han recuperado 25 inmuebles, todos ellos en la capital excepto tres, en Camas, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas. Por sus alquileres, sólo este año se han pagado 15.954.597 euros por lo que ha destacado que al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos, ya que ello va a suponer incrementar las partidas autofinanciadas y así poder disponer en Sevilla de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen como son la Educación, la Sanidad, la Dependencia o servicios sociales.
Entre los edificios rescatados, destacan el edificio principal de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la Avenida de Hytasa, con una renta anual de 2,3 millones; la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la calle Tabladilla (3,8 milloens), la sede de Canal Sur RTVA en San Juan de Aznalfarache (1,6 millones) o la Consejería de Salud y Familia, en la Avenida de la Innovación (1,3 millones).
El delegado del Gobierno, ha explicado que esos 16 millones anuales «equivalen al salario bruto anual de casi 500 docentes o a lo que cuesta construir cuatro grandes colegios» y ha recordado que cuando el Gobierno de Moreno llegó en 2019 a la Junta se encontró con gran desorden en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de los mayores el de la gestión del patrimonio inmobiliario público.
«Con esta compra, gestionada desde el Gobierno andaluz, se termina con un problema creado por una mala gestión del anterior ejecutivo y podamos gastar ese dinero de una forma más eficiente, eficaz y lógica, de acuerdo con los intereses generales de los sevillanos». Dada esta situación, ha dicho Ricardo Sánchez, el Ejecutivo andaluz acordó elaborar un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con el que se perseguían reducir el pago de alquileres, y racionalizar su uso en beneficio de los empleados que allí trabajan y también de los miles de usuarios sevillanos que acuden a diario a ellos.
Así, «sólo con la compra de los 70 inmuebles, incluida en las actuaciones de este plan de sedes, la Junta de Andalucía se ha ahorrado el 60% de lo que pagaba en alquileres hasta ahora en toda la comunidad», añade la nota de prensa. «Una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión».
Por su parte el delegado territorial de Economía, hacienda y Fondos Europeos, Antonio Ramírez, ha explicado que, en 2014, siendo consejera de Hacienda y, por tanto, responsable del patrimonio de la Junta, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la Junta vendió a la empresa Inversiones Holmes por 300 millones un total de 70 edificios en Andalucía. «Un acuerdo que, según ha puntualizado, tenía una contrapartida absolutamente lesiva con los intereses de la Administración autonómica». De hecho, al término del contrato, en 2034, la Junta habría pagado 708 millones por el alquiler de unos edificios que eran suyos y por cuya venta ingresó 300 millones de euros.
«En 10 años habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra». El delegado territorial de la Junta, ha subrayado que con aquella operación se obligaba a la Junta a alquilar esos mismos edificios a los nuevos propietarios por un periodo de veinte años a través de lo que se conoce como «venta con arriendo posterior». «El dinero de la venta se ingresó y se gastó, dejando hipotecado el patrimonio de todos los andaluces».
«Solo este año, ha añadido, hemos pagado en la provincia de Sevilla 16 millones por el alquiler de estos 25 edificios. Una renta que se va revalorizando cada año según un IPC que desde 2014 ha subido un 21,4%, aunque el precio del alquiler ha aumentado un 25%. Hasta la Cámara de Cuentas denunció aquella operación de la que resultaba una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión», ha abundado.
