Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 2 de febrero de 2024 en la Audiencia Provincial de Sevilla a un oficial de la Guardia Civil destinado en Sevilla para quien la Fiscalía reclama un total de 14 años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto en una vista oral en la que también serán juzgados otros dos acusados.
Este juicio fue señalado inicialmente para el pasado mes de mayo, pero tuvo que ser suspendido después de que el abogado del oficial de la Guardia Civil investigado renunciara a su defensa, tras lo que su inicio ha sido fijado nuevamente para el próximo día 2 de febrero, cuando tendrá lugar la constitución del jurado popular, mientras que para el día 5 del mismo mes están previstas la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas y la declaración de los tres acusados; los días 6, 7 y 8 comparecerán testigos, y el día 9 lo harán testigos y peritos, tal como ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público reclama para el agente, por un delito continuado de cohecho, ocho años de prisión, multa de 5.400 euros y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; cuatro años de cárcel y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa, y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.
De igual modo, la Fiscalía solicita para un segundo acusado cuatro años de cárcel y multa de 3.240 euros por un delito de cohecho; otros cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto, y cuatro meses de prisión por un delito de tentativa de hurto. Asimismo, el tercero de los acusados se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el delito de tráfico de drogas; a dos años de cárcel por el delito de hurto, y a cuatro meses de prisión por la tentativa de hurto.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en el mes de febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial de la Guardia Civil acusado «colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas, facilitándoles la información policial que le requerían, consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas».
De este modo, el acusado accedería a la información contenida en las bases de datos policiales, «pero que no estaban enmarcadas dentro de sus funciones como agente de la Autoridad, para seguidamente revelar la información obtenida, a la que había tenido acceso con ocasión de su profesión como miembro de la Guardia Civil, a cambio de prestaciones económicas».
El Ministerio Público enumera alguna de estas acciones y agrega que, para lograr la finalidad referida de «colaborar con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas», el agente «se servía» del segundo de los acusados, quien «tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario entre éstos» y el guardia civil acusado, «percibiendo cantidades dinerarias por dicha actividad» y «facilitando los datos requeridos» para que el agente «realizara las búsquedas en las bases de datos policiales», constituyendo entre ambos un «blindaje», denominación utilizada» por ambos «para garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas al conocer e informar a los interesados si cualquier unidad policial pudiera estar investigando estas actividades, participando la información obtenida, y por la que obtenían ambos prestaciones económicas».
El fiscal señala que, «para obtener gran parte de la información policial que le requerían», el agente acusado «intentó atraer» a un agente encubierto, funcionario de la Policía Judicial que había sido debidamente autorizado judicialmente para dicha actuación, a fin de que «colaborara con él de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas», pues el agente inculpado «carecía de acceso a esas bases de datos, necesitando la colaboración del agente encubierto, que sí tenía acceso a las mismas».
