La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla una «evaluación exhaustiva que abarque todas las ofertas turísticas» ya que «implementar medidas restrictivas únicamente en una forma de alojamiento turístico podría ser considerado desproporcionado y contrario a las normativas actuales».
Así se recoge en el escrito de aportaciones enviado por la asociación, al Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico del Consistorio hispalense, que abrió una consulta pública, cuyo plazo termina este lunes, «con el único objetivo de ganar tiempo para que, en el momento que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor, el Ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación en su caso de las viviendas con fines turísticos».
En dicho documento, AVVA ha calificado de «innecesaria» una «nueva restricción», apuntado a la «existencia de medidas similares ya implementadas», en alusión a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla que «ya establecía medidas restrictivas para las viviendas destinadas al turismo en todo el término municipal de Sevilla».
Para la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, «la introducción de una nueva limitación carece de justificación práctica, dado que las regulaciones previamente establecidas aún no han tenido tiempo suficiente para ser evaluadas en su efectividad y eficacia».
La asociación da un paso más y considera que ante el panorama normativo actual, «una posible vía alternativa para abordar esta situación sería adoptar una postura más flexible y permitir el uso de las viviendas con fines turísticos sin restricciones en todas aquellas áreas de Sevilla donde no se haya demostrado de manera fehaciente una saturación turística».
Propone para ello «una adaptación en las restricciones existentes, permitiendo el desarrollo de viviendas con fines turísticos en zonas donde la demanda no haya alcanzado niveles críticos. Esto permitiría una mayor libertad en la gestión de estas viviendas al mismo tiempo que se mantiene un equilibrio este el turismo y la vida residencial de la ciudad».
No obstante, Podemos Sevilla sí ha remitido como formación un escrito con sus aportaciones a la consulta municipal. En ella, se aboga por la suspensión durante cuatro años de la concesión de nuevas licencias; la puesta en práctica de recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter progresivo, en función del número de viviendas de la entidad propietaria de las mismas; y el impulso de la «desprivatización de viviendas con fines turísticos a cambio de un justiprecio sobre sociedad propietarias de diez o más inmuebles en zonas tensionadas, incorporando los inmuebles obtenidos al parque público de Emvisesa para dedicarlos a alquiler accesible para jóvenes.
Además, aboga por que en las ordenanzas se recojan sanciones a los propietarios cuyos inquilinos «interrumpan el derecho al descanso del vecindario» y por que se tipifique y regule el «acoso inmobiliario» como «toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal y familiar hostil o humillante».
