El Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, tiene en marcha en Sevilla 25 proyectos destinados a promover la inserción laboral y la atención personalizada de colectivos vulnerables a través de proyectos integrales de empleo, que incluyen acciones de orientación y de formación y que cuentan con un presupuesto de más de 9,5 millones procedentes de fondos europeos en el marco de los Next Generation. En las dos convocatorias que habrá, la provincia recibirá 11,4 millones.
«La efectividad y acogida del programa ha tenido tal éxito» que, según ha comentado el delegado de Empleo, Antonio Augustín, durante la presentación de las jornadas organizadas por Autismo Sevilla ‘Itinerarios Individualizados de Inserción para colectivos vulnerables. Oportunidades, retos e impacto social’ en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), «se abrió otra convocatoria del mismo que aún está en plazo de solicitud, concretamente hasta este próximo viernes 17 de febrero».
Gracias a la primera, con los citados 25 proyectos, se han atendido a 1.342 personas en la provincia. Para la segunda, el presupuesto es de ocho millones en toda Andalucía, 1,9 en Sevilla. «Aquí ayudaremos a insertarse a unas 321 personas», ha aclarado. «En total, recibiríamos 11,4 millones para este fin», ha recogido la Junta en una nota de prensa.
Participan en estos proyectos las personas con discapacidad, desempleadas de larga duración (que lleven doce meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), personas pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, personas inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, personas desempleadas en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones.
El programa, denominado ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables’, nació con el objetivo de participar en proyectos integrados de inserción laboral de una duración máxima de nueve meses, durante los cuales los usuarios recibirían ayudas para conciliar su participación en el proyecto, para el cuidado de familiares, de formación, o transporte o alojamiento.
El incentivo prevé la financiación de los costes de los itinerarios individualizados y personalizados de las personas participantes por una cuantía de 6.000 euros por cada beneficiario que concluya el programa. Otras acciones subvencionables incluidas en el itinerario facilitadoras de la inserción serán ayudas para la conciliación y el cuidado de familiares durante la participación en el proyecto, además de ayudas de formación o de transporte y adaptación de la persona al puesto de trabajo.
La ejecución se está llevando a cabo por entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y entidades del tercer sector, que recibirán una subvención de 6.000 euros por cada persona participante que concluya el itinerario personalizado que se le haya diseñado. En el caso de los parados de larga duración, se contabilizará su participación siempre que finalice en inserción laboral.
«Éste es un claro ejemplo de cómo este Gobierno atiende y se preocupa por los colectivos en desigualdad de posibilidades por cualquier circunstancia. No solo forman parte de las políticas transversales, sino que insistamos con acciones concretas sobre ellos», ha destacado Augustín. En este punto, ha insistido en las ayudas a los Centros Especiales de Empleo, las de inserción de personas con discapacidad y la orientación especializada, entre otras.
Este programa está incluido en el Decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2021, en el que se desarrollan hasta seis líneas de incentivos y que prevén alcanzar los 25.000 beneficiarios. Estas medidas van a suponer una inversión en la comunidad autónoma de más de 167,7 millones de euros a lo largo de este año, destinados a favorecer la contratación de distintos colectivos, así como el mantenimiento de empleo y el desarrollo de proyectos emprendedores enclavados en la economía verde y digital.
Entre los colectivos beneficiarios se encuentran jóvenes desempleados; mujeres de los ámbitos rural y urbano en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (beneficiarias de esta primera medida puesta en marcha); colectivos vulnerables como personas con discapacidad, parados de larga duración o inmigrantes; así como microempresas, trabajadores autónomos y cooperativas en proyectos relacionados con la economía verde y la digitalización.
