La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijada para este viernes la deliberación de los recursos interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condena a dos años de cárcel a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y previamente condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven Marta del Castillo, crimen por el que fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel; y a la madre del mencionado joven, por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.
La Sección Primera de la Audiencia abordará así los recursos de las defensas del Cuco y su madre, en demanda de anular la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete, por supuesta «vulneración del principio constitucional de imparcialidad e independencia del juez a quo»; y «repetir el juicio con un magistrado diferente que resolverá con libertad de criterio»; extremo al que se han puesto los padres de Marta del Castillo.
Según el recurso de apelación de las defensas, la jueza Olga Cecilia Simón «no fue capaz de abstraerse a la presión mediática, sino que en el desarrollo de la vista vertió comentarios que dejaban patente que el proceso del que derivaba el presente asunto influía de manera definitiva en su actuación», dejando «entrever conexiones o interrelaciones con un crimen ya juzgado, con sentencia firme y con imposibilidad de que pudiera ser juzgado de nuevo».
Por ejemplo, se le achacan «afirmaciones» ante la negativa del Cuco a responder preguntas, que reflejarían «la expresión de una opinión ya formada previa al juicio» y «una animadversión y una opinión ya formada sobre» el acusado, señalando la expresión de la jueza de que «España se tiñó de luto» por el asesinato de Marta del Castillo, de gran impacto mediático en aquellos tiempos.
Además, en el recurso se insiste en que a la hora de comparecer en el juicio de 2011, el Cuco «desconocía» la sentencia de la Audiencia de Sevilla que confirmaba su condena inicial por encubrimiento, con lo que nunca debió ser obligado a declarar «como testigo en un proceso en el que sus manifestaciones podrían inculparle o conducirle a una posición procesal diferente en un procedimiento que creía vivo contra él».
