La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar este lunes el juicio de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de los ERE, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el director general de Trabajo fallecido, Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte del dinero habría sido supuestamente destinado a cocaína, copas y antigüedades.
La vista estaba inicialmente programada para septiembre de 2022, aunque entonces fue suspendida poco antes de su inicio, por la renuncia de la procuradora y la abogada de la antigua Vitalia S.A., entidad incluida en el juicio y contra la que la Junta de Andalucía formuló acusación como responsable civil a título lucrativo.
La causa se dirigía inicialmente contra Francisco Javier Guerrero, ya fallecido en octubre de 2020; Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
De cara al juicio, recordemos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
«FALSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN»
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, «personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado» al primero, a fin de «poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos» que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida presupuestaria 31L, «idearon inicialmente la constitución» de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión».
Al hilo, precisa que estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, «sin que conste ninguna solicitud de ayuda» por parte de ambas empresas y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.
En ambos casos, y «para poder allegar» los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, «a sabiendas de su falsedad», se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.
Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron» que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, «sin fecha», para el emplazamiento de una granja avícola, «en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros«.
