La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, prevé abordar este viernes una prórroga del contrato correspondiente al servicio municipal de grúa, gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar; toda vez que la plantilla prevé emprender nuevos paros parciales desde mediados de febrero y una «huelga indefinida» desde el 22 de marzo Viernes de Dolores, en defensa de la aplicación de su convenio colectivo propio. contrato grúa huelga
Al respecto, Santiago López, responsable del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en este servicio municipal externalizado, explicaba recientemente que el día 31 de enero expira el año de vigencia del contrato adjudicado a la citada UTE para gestionar la grúa municipal, marcada por un enquistado conflicto laboral.
En ese sentido, manifestaba que su organización sindical, que encabeza el comité de empresa, había celebrado una reunión con el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos, el popular Ignacio Flores, en demanda de que el Ayuntamiento formalice la nueva licitación del contrato de gestión del servicio antes de dicha fecha, al objeto de impedir que la UTE goce una prórroga automática de otro año más en caso de no pesar una nueva licitación al vencer su año de contrato.
La prórroga puesta ahora sobre la mesa, según el comité de empresa, estaría limitada a la nueva adjudicación del contrato de gestión de este servicio público, marcado por los paros parciales protagonizados por los trabajadores durante el periodo navideño, con la suspensión de «cerca de 60 servicios» requeridos por la Policía Local para la retirada de vehículos estacionados en lugares indebidos, según el Sppme, que promueve los nuevos paros y la mencionada convocatoria de huelga indefinida.
En su anterior escrito de preaviso de huelga, los representantes sindicales de la plantilla señalan que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, huelga incluida.
El Ayuntamiento aborda este viernes la prórroga del contrato de la grúa, cuya plantilla prevé huelga indefinida
Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada entonces por el Grupo SSG, no había «subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (…), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva».
El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera «transitoria» hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.
La empresa, según el acuerdo, aplicaría esta primera medida en materia de nóminas, incluso de manera retroactiva, con el compromiso de no incorporar a nuevo personal durante este periodo transitorio, a menos que la plantilla actual no pudiese afrontar las contingencias del contrato. NOTICIAS SEVILLA
«INCUMPLIMIENTO» DE LOS ACUERDOS
Pero desde entonces, según el comité de huelga, encabezado por el Sppme, la entidad estaría «faltando de forma recurrente a su compromiso , incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos», como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo «hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable», extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.
También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores «cláusulas abusivas de movilidad geográfica»; criticando en paralelo la instalación de «sistemas de videograbación» en el centro de trabajo, con «pretensión» de hacerlo además en los vehículos grúa, con una «más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen» de los trabajadores.
