La huelga indefinida convocada desde el pasado 24 de enero entre los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha supuesto, hasta el pasado 17 de febrero 9.194 juicios y actuaciones suspendidas en la provincia de Sevilla, así como 3.580 demandas pendientes de recibir curso, unos 7.120 escritos sin proveer, 250 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos paralizados, más de 85.000 actos de comunicación sin practicar y más de 14 millones de euros «inmovilizados» como depósitos judiciales, según los convocantes.
Se trata de datos aportados por las asociaciones convocantes del paro técnico, que calculan un seguimiento medio del 75 por ciento en toda Andalucía, mientras el Gobierno señala datos según los cuales en la provincia de Sevilla, la jornada de mayor seguimiento habría contado con una adhesión del 38,27 por ciento.
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas» a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, «e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que según el colectivo ha provocado un «insoportable desequilibrio».
La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, para que «las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».
Las entidades convocantes, así, señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Pero el Gobierno central asegura por su parte que merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero «un incremento de complementos de 206,87 euros» por persona.
