La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes el comienzo de un juicio contra la que fuera jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, el que fuera jefe de Recursos Humanos de dicho departamento, el exdelegado territorial de la Consejería de Educación Francisco Díaz Morillo (PSOE), y la hija del jefe de Inspección Educativa de la Junta Anaís Sara M.M., por el nombramiento de esta última en un puesto para el que no reunía los «requisitos».
En el escrito de acusación de la Fiscalía, el Ministerio Público se pronuncia sobre la investigación correspondiente a la designación de profesores de los cuerpos docentes no universitarios para su adscripción al Comisionado del Polígono Sur, para «colaborar con el estudio de las necesidades de dicha zona» desfavorecida de Sevilla, tratándose del barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España.
A tal efecto, la Fiscalía rememora que el 11 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur, determinando que la Consejería adscribiría durante el curso a cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado.
«El procedimiento indicado en el convenio no establece que la provisión de los cuatro docentes se realizara por el sistema de libre designación, debiéndose en todo caso respetar la normativa vigente y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», recuerda la Fiscalía.
PROPUESTA MÁS ALLÁ DE SUS «COMPETENCIAS»
No obstante, para el curso 2014/2015, según la Fiscalía, los representantes del Comisionado propusieron «tres candidatos» y la jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla y acusada en el caso, Carmen L.P. «excediendo su competencia, propuso verbalmente a la también acusada Anaís Sara M.M., pese a conocer que no reunía los requisitos al no ser funcionaria de carrera docente no universitaria ni interina de alguna bolsa de trabajo de la Consejería de Educación», siendo la misma «hija de Alberto M.N., jefe de Inspección educativa de la Junta».
Según la Fiscalía, el también acusado Luis Manuel S.A., jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, «a sabiendas de lo anterior» y antes de que Carmen L.P. formalizase su propuesta, «procedió a inscribir en el sistema integrado de recursos humanos el nombramiento de Anaís para el nombramiento», tras lo cual Francisco Díaz Morillo, como entonces delegado territorial de la Consejería de Educación, también «a sabiendas de ello y sin hacer comprobación alguna, procedió al nombramiento definitivo» de Anaís, quien de su lado aceptó «a sabiendas de que carecía de los requisitos necesarios».
