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IU pretende dotar de «autonomía, financiación propia y más personal» a la Oficina de la Defensora del Ciudadano

El candidato de Izquierda Unida-Podemos a las elecciones municipales Ismael Sánchez ha afirmado este jueves que apuesta por «dotar de autonomía, financiación propia y más personal a la Oficina de la Defensora del Ciudadano». «Es necesario divulgar la existencia y funciones de este órgano que media entre vecinos y Ayuntamiento», ha asegurado.

En opinión del candidato de la confluencia de izquierdas, «resulta incoherente que un órgano que tiene que velar por la ciudadanía frente a determinadas actuaciones –por acción u omisión– del Ayuntamiento forme parte del organigrama de un área municipal», ha señalado en una nota de prensa.

Sánchez ha reclamado una mayor autonomía «para garantizar la independencia en la ejecución de sus funciones», pues en la actualidad depende del Área de Participación Ciudadana como un organismo adscrito.

Tras mantener una reunión de trabajo con Rosa Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (que es el nombre oficial del órgano), Sánchez ha pedido también que la Defensoría pueda disponer de una financiación propia y suficiente y que se amplíe la plantilla que presta sus servicios en el histórico palacio de los Marqueses de La Algaba, «ya que en la actualidad sólo dispone de tres plazas para atender y tramitar hasta 450 intervenciones a lo largo de un año».

El candidato de la coalición de izquierdas ha valorado «muy positivamente» el trabajo que desempeña la Comisión –presidida desde hace seis años por la exprofesora de Derecho– y con representación de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que consigue resolver de manera favorable hasta el 96 por ciento de todos los casos que llegan a este órgano de segunda instancia que, por lo demás, carece de funciones ejecutivas.

«Nos consta que la Defensoría es un órgano neutral que no se casa con nadie y que funciona sólo movido por el bien del ciudadano, que resuelve los casos que le llegan buscando el consenso, pero creemos que debería garantizarse también formalmente su independencia y autonomía mediante la aprobación de un reglamento de funcionamiento y con la debida dotación presupuestaria y de recursos humanos, porque no sabemos qué puede ocurrir en el futuro», ha subrayado.

 

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