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Los decanos y directores de centro de la US reclaman ser «todos» miembros del Consejo de Gobierno

Los decanos y directores de centro de la Universidad de Sevilla (US) han consensuado sus peticiones para el nuevo Estatuto de la institución para cuya redacción el Rectorado realizó una consulta entre el 1 y el 16 de este mes de febrero. Entre las propuestas que han hecho llegar destaca la petición de que «todos los decanos y directores» sean miembros del Consejo de Gobierno. Actualmente, forman parte de este órgano siete, tal y como así se recoge en el Estatuto vigente, que va a ser reformado para adaptarlo a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La US cuenta con 25 centros y facultades. us consejo de gobierno

Los decanos y directores de centro de la US reclaman ser «todos» miembros del Consejo de Gobierno

En la propuesta consultada por Europa Press, se especifica que «en el caso de que no se estime» que todos puedan ser miembros, al menos, lo sea el coordinador de la Conferencia de decanos y directores de centros y que la representación de los centros sea «netamente superior a la de los departamentos e institutos de investigación como reflejo de las diferencias entre este tipo de unidades que se recoge en la LOSU, en el actual Estatuto y en los Estatutos de todas las universidades similares a la nuestra que se han analizado».

La Universidad de Sevilla (US) ha realizado la consulta «más participativa y abierta de su historia» para elaborar el nuevo Estatuto, que incluia una fase para «recabar propuestas» de toda la comunidad universitaria a través de una aplicación telemática creada por la propia US. El procedimiento de participación general comenzó el pasado 1 de febrero. El nuevo texto legislativo tendrá que estar aprobado antes del 12 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un plazo de dos años para que las universidades aprueben sus nuevos Estatutos.

No obstante, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha propuesto a las comunidades autónomas «flexibilizar» la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), así como «acompañamiento financiero» por parte del Gobierno para su puesta en marcha. Por su parte, la Junta de Andalucía ha calificado de «irrisoria» la aportación del Gobierno a la LOSU y le exige una «visión global» del sistema universitario así como «toda la responsabilidad financiera» que implican las disposiciones de este nuevo marco normativo.

El nuevo Estatuto de la Hispalense, tal y como obliga la LOSU, tendrá que recoger que la elección a rector pasará a ser por sufragio universal. Hasta el momento, la US es la única que mantiene la elección por el Claustro. El actual Estatuto se aprobó en 2003 y posteriormente fue modificado en 2008 y 2017. Recientemente, se han celebrado los primeros encuentros con la comunidad universitaria para explicarles la «importancia» de este proceso de reforma y el procedimiento a seguir para participar, ha informado la US en una nota de prensa. NOTICIAS SEVILLA

En estas reuniones, ha participado una «amplia representación» de la comunidad universitaria, en total más de 200 personas. A las sesiones han acudido los diferentes sectores que integran el Claustro, además de la Conferencia de decanos y directores de centro, los directores de departamento y de los institutos de investigación, los órganos unitarios de representación del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios y el Consejo de Alumnos.

Todas las sesiones han sido presididas por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, quien ha asegurado que «la Universidad de Sevilla cumplirá con la máxima diligencia la obligación impuesta por la LOSU de elaborar un nuevo Estatuto en el plazo legal establecido». La LOSU exige diversos desarrollos tanto en el ámbito nacional (Estatuto del PDI) como autonómico (nueva Ley Andaluza de Universidades), de modo que la futura aprobación de estas normas exige que el proceso de elaboración del Estatuto se lleve a cabo con la necesaria flexibilidad para posibilitar la incorporación de las novedades legislativas que se produzcan durante este período.

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