La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido la legalidad de los contratos menores realizados por el SAS que el PSOE andaluz llevará a los tribunales por «posible malversación y prevaricación». En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Víricas, la consejera de salud ha insistido en que «no hay ningún fraude» y sostiene que la Junta ha actuado «con total transparencia» al ofrecer esos contratos para que «quien quiera los pueda analizar y si piensa que los pueden llevar a los tribunales, están en su derecho».
«Todos los contratos que hacemos en el SAS son para salvaguardar la asistencia sanitaria al permitirnos una mayor agilidad», ha subrayado la consejera de Salud, que ha remachado que la Junta «está cumpliendo la legalidad». Los contratos menores, ha apostillado, son una forma de contratación en la que «si Intervención encontró salvedades, se están corrigiendo».
La Junta de Andalucía ha calificado de «rotundamente falso» que el Servicio Andaluz de Salud haya adjudicado 458 millones de euros en «fraude de ley» y ha sostenido que «ningún informe de auditoría dice eso». Sobre esto, el gobierno andaluz acusa al PSOE de usar los informes de auditoría «facilitados» por el Gobierno andaluz a los socialistas «de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE».
La Junta aclaraba que los 458,3 millones de euros corresponden a la «suma de todos los contratos menores» en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En estas provincias, se hicieron 295.914 contratos menores y «los interventores han analizado solamente 573 contratos, el 0,19%». «Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor».
El contrato menor es una «figura legal válida» para contratar y «en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos», apuntaba, al tiempo que aseguraba que los contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que «han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto».
En esta línea, la Junta lamentaba que «el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos» y emplazaba al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a que «reflexione y le dé al botón de ‘stop’ de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía».
Por último, recordaba que «fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE».
