El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha sostenido este lunes que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada definitivamente este pasado 9 de marzo en el Congreso de los Diputados y que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es «tremendamente cara» y ha confiado en que «un nuevo Gobierno del PP a partir de diciembre» aborde «con la mayor celeridad» posible dos cambios que ha considerado vitales para «evitar» que la nueva Ley «lastre al sistema universitario español durante décadas», en alusión a la convocatoria de nuevas plazas de profesorado y gobernanza.
Gómez Villamandos ha insistido en que la LOSU «no se parece en nada a lo que pidieron las universidades, que era que nos acercáramos a Europa» con un sistema más «eficiente». El consejero ha lamentado que con la nueva ordenación «se va a agravar» la temporalidad del profesorado, especialmente la de los asociados, y ha recordado que contra esta Ley no sólo se han posicionado algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, sino también la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los sindicatos, los estudiantes y los Consejos Sociales. «No contenta a nadie», ha enfatizado.
Gómez Villamandos ha apuntado que la LOSU «atenta» contra la «convivencia de las universidades» cuando éstas lo que necesitan es «tranquilidad», al tiempo que ha apuntado que el modelo de gobernanza ya aprobado «puede acabar en procesos asamblearios». Sobre si la Junta recurrirá la Ley, el consejero ha apuntado que «hay rectores que han manifestado que incurre en inconstitucionalidad», por lo que la Administración andaluza «analizará» la LOSU y, en función de ello, decidirá qué hacer finalmente.
Preguntado sobre la aprobación en el Consejo de Gobierno de los proyectos de ley de las universidades privadas CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), el titular andaluz de Universidad, Ciencia e Innovación ha insistido en que ambos tienen cinco años para adaptarse a los criterios de calidad que fija la legislación pero que las garantías son «absolutas» de que cumplirán con los parámetros exigidos al resto de instituciones académicas públicas.
Por último, y en relación con la prueba de acceso a la Universidad, Gómez Villamandos ha confiado en que el «próximo Gobierno del PP normalice» la situación para que «las cosas se hagan con sentido común». Para ello, ha sugerido dos cambios que deben ser «abordados con la mayor celeridad para evitar que lastren al sistema universitario durante décadas», en alusión al modelo de gobernanza y a las convocatorias de plazas de profesorado. Para el consejero, ambos asuntos, tal y como están recogidos en la LOSU, suponen una «injerencia en las competencias autonómicas».
Entre las modificaciones de la nueva norma destaca que plantea un compromiso de gasto del 1% del Producto Interior Bruto para 2030; incluye entre las funciones del Claustro universitario «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia»; o que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad. Precisamente, la norma señala que los candidatos a rector «deberán ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos».
Asimismo, el texto inicial aprobado por el Gobierno se ha modificado durante su tramitación parlamentaria en el Senado para establecer que, hasta que se produzca la adaptación de los Estatutos y se determinen por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos a rector, se les exigirá como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Las universidades cuentan con un plazo máximo de dos años para adaptar sus Estatutos a la LOSU.
Respecto al paro académico, que podrá ser total o parcial, la ley establece que deberá respetar «el derecho a la educación del estudiantado». «Las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación del estudiantado», precisa el documento, que también indica que, con la nueva Ley de Universidades, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mínimo del 25 por ciento.
Además, establece que la figura de profesor Asociado aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas; e incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios, con el objetivo de evitar que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado.
Otro de los principales puntos de la nueva ley se encuentra en lo relativo a la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las universidades estén dirigidas a todas las edades, para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años.
También pone énfasis en los aspectos relativos a los retornos a la sociedad incorporando nuevos principios para las evaluaciones al profesorado; éstas serán cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Además, y de cara a evitar dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.
En lo relacionado con la gobernanza, plantea que la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, y contará con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El Claustro será el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria.
En materia de género, establece que para crear una universidad, pública o privada se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Por otra parte, las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios. Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado.
El Congreso de los Diputados incluyó que la nueva ley asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública y se ha incluido que las comunidades autónomas y las universidades «promoverán la presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del Sistema Universitario Español en los órganos y foros de representación internacional universitaria».
