El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo este lunes en el que se autoriza la firma de un contrato temporal con la empresa BLS (International Limited Services) para la recogida y tramitación de solicitudes de visado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación inició un proceso de licitación para un nuevo contrato y se adjudicó el mismo a BLS, la cual presta servicios en 59 oficinas de la red consular. Sin embargo, dos recursos especiales fueron interpuestos contra dicha adjudicación, suspendiendo el acuerdo de adjudicación y dejando de existir el contrato que permitía la prestación de los servicios. Para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno ha declarado la situación de emergencia para celebrar un contrato temporal con BLS hasta la fecha en que se formalice y produzca sus efectos el contrato adjudicado por resolución del 30 de enero de 2023.
Según expone el Ministerio, anualmente España tramita un alto volumen de solicitudes de visados Schengen, que la sitúan en el segundo lugar (por detrás de Francia), dentro del grupo de Estados miembros del Acuerdo.
Es por ello que habría un riesgo de colapso de los servicios consulares a partir del 25 de enero si no se declarase la «situación de emergencia» para la celebración del contrato. Además, señala el Ministerio, existiría una «imposibilidad» para los solicitantes de acceder en plazos razonables a la tramitación de sus visados, «daño» a la imagen de España, tanto en los países de acreditación y ante sus autoridades nacionales, como ante el resto de los socios del Acuerdo de Schengen y «perjuicio» para la industria turística española.
Según se desliza en las referencias del Consejo, las gestiones de la empresa también incluyen servicios de información, recogida de datos y solicitudes (incluidos identificadores biométricos y digitalización de documentos), cobro de tasas, gestión de citas para entrevistas, remisión de solicitudes a la oficina consular y devolución de documentos de viaje a los solicitantes.
