La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha participado en la VIII Asamblea General de la Red Europea de Autoridades para la integridad y la protección de las personas alertadoras (Neiwa-Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) que ha tenido lugar los días 23 y 24 de marzo en Roma.
Las 34 autoridades públicas de los 24 países europeos presentes en el encuentro han ratificado el acuerdo de constitución formal de la Neiwa, un documento sobre el que se ha venido trabajando en reuniones precedentes y que permite la formalización de la Red dando así un importante paso como plataforma de referencia europea en la protección de las personas que denuncien casos de corrupción.
Según una nota de la OAAF, dicho acuerdo recoge las normas de funcionamiento de la Neiwa y de sus asambleas anuales, y prevé la elección de un comité ejecutivo encabezado por una presidencia y una vicepresidencia, que han recaído en Laura Valli de la Autoridad anticorrupción de Italia y en Zuzana Dlugosova, de la Oficina de protección del denunciante de Eslovaquia, respectivamente.
La reunión ha servido también para realizar una puesta en común del estado de avance de la transposición por parte de los estados miembros de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblower, que tiene como finalidad proteger y evitar represalias a las personas que en un contexto laboral o profesional denuncien comportamientos que puedan suponer infracciones normativas y corrupción, en especial aquellas que impliquen menoscabo económico para los fondos y recursos públicos.
Tras un análisis general, la Neiwa ha constatado que varios estados Miembros de la UE aún no han completado la transposición de dicha Directiva, y en este sentido los miembros de la Red han adoptado la Declaración de Roma en la que se insta a estos países a acelerar los procesos de transposición e implementación de la misma.
En España la transposición de esta directiva se ha hecho efectiva con la entrada en vigor en pasado 13 de marzo de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Una Ley que, a juicio de la Oficina Andaluza Antifraude, posee ciertas «deficiencias que podrían afectar a la protección integral de las personas que decidan denunciar este tipo de casos».
En este sentido, la Neiwa con la Declaración de Roma hace un llamamiento a los legisladores y a todos los actores implicados para que se garantice una protección efectiva de los denunciantes de forma que puedan beneficiarse de un apoyo legal y psicológico, en caso de represalias, y además se prevean sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Cabe destacar que la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y de protección de la persona denunciante no solo recoge de forma detallada todas estas medidas, sino que asegura la prevención y persecución de un abanico más amplio de conductas que las reflejadas tanto en la directiva como en la ley estatal recién aprobada.
La próxima reunión de la Neiwa tendrá lugar el próximo año en Valencia, auspiciada por la Agencia Valenciana Antifraude.
