Este año se conmemoran los 25 años del desastre medioambiental de Aznalcóllar, Sevilla, en el que seis millones de metros cúbicos de residuos tóxicos se derramaron en la cuenca del río Guadiamar, afectando a unas 4.400 hectáreas y zonas cercanas al parque natural de Doñana. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, afirma que las autoridades no han aprendido mucho y que todavía existen «actividades mineras poco vigiladas o controladas».
Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), que entonces gestionaba el complejo minero responsable del desastre, no ha pagado los gastos públicos destinados a la recuperación medioambiental de la zona. La Junta de Andalucía ha presentado una demanda contra Boliden para reclamar 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental. El juicio está programado para julio de este año en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla.
Yllescas culpa a la empresa y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la catástrofe, afirmando que no estuvieron atentos a las alarmas que se estaban denunciando en relación a la gestión de la mina. A pesar de esto, la agrupación empresarial México-Minorbis está a punto de reabrir la mina, tras hacerse con los derechos de explotación mediante el concurso público convocado por la Junta de Andalucía.
En resumen, 25 años después del desastre de Aznalcóllar, Sevilla, no se han aprendido las lecciones del pasado. Todavía existen actividades mineras poco vigiladas o controladas, y la responsabilidad por el desastre medioambiental no ha sido completamente asumida. A pesar de todo, se espera que el juicio programado para julio de este año proporcione cierta justicia para la recuperación medioambiental de la zona.
