El pleno de la Diputación de Sevilla ha sido este jueves el escenario de un acto de protesta de la plantilla de la institución, ante la decisión «unilateral» de emprender la «derogación» del inventivo a la jubilación anticipada en el caso de los funcionarios, fruto de una «revisión de oficio» por una sentencia que habría ordenado a un funcionario del Ayuntamiento de Carmona a «devolver» el dinero cobrado por un concepto similar.
La protesta, promovida por las secciones de UGT, CCOO, USO y Ustea en la Diputación, ha consistido en una concentración en el salón de plenos de la institución durante la celebración de la sesión ordinaria del mes, con pancartas reivindicativas.
Vicente Zaragoza, secretario general de la sección de UGT en la Diputación, ha explicado al respecto que todo deriva de una sentencia que ordenaría a un funcionario del Ayuntamiento de Carmona «devolver» la cuantía percibida por un incentivo a la jubilación anticipada correspondiente a los acuerdos laborales del Consistorio de dicho municipio.
A partir de ahí, según ha dicho, la Diputación ha resuelto «unilateralmente» emprender la derogación de su incentivo a la jubilación anticipada, «aprobado por el pleno» de la institución e incluido en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo del personal laboral, con efectos exclusivamente en el caso de los funcionarios.
Ello, según ha dicho, sin que «ningún juzgado u organismo fiscalizador» haya reclamado nada a la Diputación, pues los acuerdos laborales de la misma son ajenos a los alcanzados en los municipios, sino que la Secretaría General de la entidad, ante el caso de Carmona, habría resuelto iniciar una «revisión de oficio» de manera «unilateral».
Así, la plantilla defiende este «derecho retributivo» fruto de la «negociación colectiva», denunciando que la derogación de este incentivo constituye un acto de «mala fe», sobre todo cuando la representación de la plantilla ha promovido la negociación de «un nuevo modelo de sistema, para sustituir el incentivo», ante lo cual la entidad habría alegado que las normas estatales no permiten «un incremento de la masa salarial», extremo que los sindicatos descartan.
