El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha acogido este martes las comparecencias de 15 de los 23 investigados por la organización desmantelada en 2022 por el robo de grandes cantidades de cable de cobre en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, toda vez que recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideraba a esta red como «grupo criminal».
Se trata de diez investigados de nacionalidad rumana y los cinco restantes de nacionalidad española, toda vez que a la hora de comparecer, 13 de ellos se habrían acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Sólo han accedido a declarar dos de los españoles investigados, manifestando su abogado, José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados, que ambos, hermanos además, han negado conocer a los ciudadanos rumanos principales investigados en la causa y que desconocían la procedencia del cobre que recibieron, aportando igualmente documentación diversa destinada a probar que no se habrían lucrado, negando así cualquier «enriquecimiento ilícito» o la recepción de dinero de «dudosa procedencia». Así, han negado cualquier pertenencia al «grupo criminal» investigado.
Para el desmantelamiento de esta red, según informaba la Guardia Civil, fueron acometidos 16 registros en las localidades sevillanas de Guillena, Camas y Sevilla capital, siendo intervenidas 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en metálico, múltiples herramientas específicas para el robo de este material, maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, un escopeta del calibre 12 que se encontraba sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valorados en 109.000 euros, además de nueve vehículos y útiles para la comisión de los delitos.
