La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha expresado su apoyo al comunicado enviado por el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto y la Federación Española de Prácticos, en el cual se desaprueban por completo las acciones llevadas a cabo por algunos prácticos de la Corporación de Sevilla. Estas acciones tienen como objetivo forzar y hacer valer sus demandas relacionadas con la negociación de un nuevo pliego de prescripciones particulares del Servicio Portuario de Practicaje y la otorgación de la correspondiente licencia.
La Autoridad Portuaria ha destacado la necesidad de restablecer por completo el servicio de practicaje debido al impacto negativo que está causando tanto al tejido empresarial como a la actividad portuaria. La institución ha mostrado su desaprobación ante la actitud obstaculizadora de la Corporación hacia los prácticos que han decidido continuar brindando el servicio, contradiciendo así su supuesto ofrecimiento de todos los medios humanos y materiales necesarios para mantener el practicaje.
Además, la APS ha recordado la coordinación constante que mantiene con Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, la Capitanía Marítima y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Por otro lado, los prácticos del Puerto de Sevilla emitieron un comunicado el pasado 14 de mayo acusando a la APS de rechazar rotundamente una reunión para abordar una solución a la suspensión del servicio, que según su versión se debe a una prórroga aprobada unilateralmente por el Puerto.
A pesar de las alegaciones presentadas por la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, así como por el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó un nuevo pliego para la prestación del servicio de practicaje en el Puerto. El concurso quedó desierto al no presentarse ninguna oferta, y se acordó una prórroga unilateral hasta el 14 de mayo. Posteriormente, la Autoridad Portuaria decidió una nueva prórroga de dos años sin contar con la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP.
La Corporación de Prácticos ha expresado su rechazo a esta última prórroga, afirmando que cualquier prórroga debe ajustarse a la legalidad según la doctrina del Tribunal Supremo. Han ofrecido todos sus medios humanos y materiales para que el servicio de practicaje pueda continuar bajo la responsabilidad directa de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Por su parte, la Autoridad Portuaria ha confirmado un expediente sancionador contra la Corporación de Prácticos por infracción grave y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. La APS ha explicado que el colectivo ha decidido no prestar el servicio como medida de presión para exigir un aumento salarial del 40%. La posible sanción ascendería a tres millones de euros e incluiría una indemnización por los daños y perjuicios causados por la paralización de la actividad.
