La Fiscalía de Sevilla solicita dos años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Burguillos Valentín López Fernández, por un presunto delito de prevaricación derivado de no haber actuado, supuestamente adrede, ante una «irregularidad urbanística» en una parcela de sus propios padres.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en noviembre de 2016, cuando el Ayuntamiento de Burguillos estaba gobernado por el socialista Valentín López Fernández y la oposición la lideraba el popular Domingo Delgado, actual alcalde del municipio, este último «presentó una denuncia relativa a irregularidades urbanísticas en dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable y catalogadas como de especial protección» por el planeamiento urbano, «siendo propiedad una de ellas de los padres del alcalde» de aquel momento, el acusado Valentín López.
En su escrito, según la Fiscalía, Domingo Delgado, como portavoz del PP, reclamaba «la correspondiente incoación de los oportunos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística».
CONOCIMIENTO DE LOS «INDICIOS DE IRREGULARIDAD»
El Ministerio Fiscal considera que el entonces alcalde socialista de la localidad «tuvo en todo momento conocimiento de la denuncia y de los serios indicios de irregularidad en relación a los hechos»; así como de que el asunto «afectaba a sus progenitores», pese a lo cual «en ningún momento llegó a abstenerse en el conocimiento del asunto, tal y como hubiese procedido conforme a la Ley de Bases de Régimen Local».
La Fiscalía indica además que el entonces alcalde socialista de la localidad, «no llegó más que a solicitar un informe al arquitecto municipal, sin incoar expediente alguno», informando dicho técnico «verbalmente» el mismo mes de noviembre de 2016 y por escrito en diciembre de 2018, confirmando en ambos casos «la irregularidad de lo construido».
Ello, cuando según el escrito de acusación, en febrero de 2017 y mayo de 2018, el entonces primer edil había instado a este técnico a «realizar con urgencia 30 informes pendientes», sin que en tales reclamaciones de informes figurase este caso en cuestión que afectaba a sus padres.
REQUERIMIENTO JUDICIAL
Fue en noviembre de 2018, según la Fiscalía, más de un mes antes del mencionado informe por escrito del arquitecto municipal, cuando el Ayuntamiento recibió un requerimiento del Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, «a fin de que informase sobre si se había cursado visita o incoado expediente administrativo alguno» sobre el asunto señalado por el PP.
Dado el caso, la Fiscalía considera que el entonces alcalde socialista, «pese a conocer la ilegalidad de lo construido y la relación de parentesco» con los afectados, no ordenó «expediente urbanístico alguno en orden a la investigación, sanción y establecimiento de la legalidad que procediese, pese al evidente mandato de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».
No fue hasta el mencionado requerimiento judicial, según la Fiscalía, cuando «se aperturó en sede municipal el primer y hasta aquel momento único expediente administrativo relativo a los hechos denunciados, expediente de mero trámite a la vista del requerimiento judicial y con mero carácter recopilatorio de las actuaciones».
PETICIÓN DE CONDENA
Así, la Fiscalía atisba un presunto delito de prevaricación, reclamando para el exalcalde socialista de Burguilos dos años y medio de cárcel, una multa de 6.000 euros y 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Ello, de cara al juicio que tiene fijado en su contra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el día 9 de este mismo mes de noviembre.
