La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) prevé celebrar este miércoles a las 14 horas, la reunión prevista para debatir si adoptar posibles nuevos «pasos legales» respecto a los trabajos acometidos en las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC), para su restauración y adecuación como nuevo espacio cultural, unas obras que comenzaron en febrero de 2022 y que habrán de terminar en junio de este año según las previsiones. Y es que según el colectivo, el proyecto acometido «no tiene nada que ver» con lo firmado por el grupo con las autoridades a finales de 2017 para desjudicializar el asunto.
En unas recientes declaraciones el portavoz de Adepa, Joaquín Egea, evaluaba la situación del proyecto de restauración de este monumento, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Las obras comenzaron en febrero de 2022, hace ya casi dos años, después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria de su explotación y Adepa firmasen un acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.
EL LITIGIO CONTENCIOSO
Y es que aunque el diseño inicial de la actuación, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; un juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo. NOTICIAS SEVILLA
Para Adepa, aquel proyecto original suponía un «crimen patrimonial» al no recuperar la cota original del monumento y contemplar «la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior», con la instalación de «varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado», entre otros aspectos.
No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada, extremo finalmente plasmado en el convenio de diciembre de 2017, mediante el cual se desjudicializaba el asunto.
LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO
El acuerdo implicaba una remodelación del diseño original de Vázquez Consuegra, mediante las aportaciones y recomendaciones de un grupo de trabajo formado por varios miembros de Adepa y técnicos de la consejería de Cultura.
Entre otros aspectos, incluiría la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares; la inclusión de excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade o la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro.
Ya en octubre de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017.
VISTO BUENO DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO
Entre las «consideraciones» de la Comisión figuraban por ejemplo la idea de que se «contemple la posibilidad de excavar la zona anexa al Postigo del Aceite», «retirar los tubos de inyección de los refuerzos y recalces bajo la cimentación de las pilastras» y «contemplar la posibilidad de prescindir o no» de la «nueva escalera diseñada para permitir el acceso a la zona excavada», como consecuencia de «su ubicación junto a los restos excavados de las pescaderías» y otros posibles vestigios que «emerjan».
Pero a día de hoy, según Joaquín Egea, el transcurso de las obras, promovidas unos 20 millones de euros cofinanciados entre la Junta como titular del monumento y la Fundación La Caixa como adjudicataria de su gestión y que aportaría inicialmente unos once millones de euros para las actuaciones; «no tiene nada que ver» con lo firmado en diciembre de 2017.
En ese sentido, señalaba principalmente las fisuras o grietas detectadas en el Hospital de la Caridad desde el inicio de las obras de las Atarazanas, la limitación de las excavaciones arqueológicas a una sola de las dos naves inicialmente previstas y la reducción de la profundidad de la excavación, de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros.
