Los sindicatos UGT y CCOO han expresado su preocupación este viernes por el cierre de los centros de participación activa (CPA) en Sevilla durante las tardes durante el verano. Han rechazado la orden de la Junta que busca «reemplazar» a los profesionales por usuarios. Según los sindicatos, este cierre afecta a alrededor de 100.000 personas en Sevilla.
Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, y María Iglesias, secretaria de Política Sindical, Empleo y Comunicación de UGT Sevilla, han explicado que desde el 19 de junio hasta el 15 de septiembre los CPA permanecerán «cerrados todas las tardes», excepto los viernes, cuando se abrirá un centro para el baile. Esta situación reduce las oportunidades de disfrute del tiempo libre para las personas mayores, especialmente en una temporada delicada como el verano.
UGT y CCOO han denunciado que este cierre se suma a la progresiva desmantelamiento de estos centros por parte de la Junta, que ha incumplido los horarios establecidos, ha eliminado servicios como cafetería, restauración, peluquería y podología, ha descuidado el mantenimiento de las instalaciones y ha permitido que los aires acondicionados estén averiados, además de reducir las actividades sociales. Según los sindicatos, esto se debe a la falta de presupuesto y de personal, con 16 vacantes sin cubrir en Sevilla y 90 en toda Andalucía.
Después de las quejas presentadas por los usuarios y por los sindicatos CCOO y UGT, la Junta ha presentado un proyecto de orden que introduce una figura llamada «agente de la administración titular», que no existe en la legislación de las administraciones públicas, así como la creación de asociaciones dentro del ámbito de los CPA.
Ambos sindicatos rechazan esta decisión porque parece intentar reemplazar puestos de trabajo en el sector público por voluntarios. Consideran que las funciones atribuidas a esta figura están definidas inicialmente para categorías laborales existentes, lo que disfraza la participación voluntaria en tareas de profesionales regulados y existentes. UGT y CCOO consideran que esta figura es ilegal.
«Exigimos la retirada del proyecto de orden, ya que aparenta ser una forma de delegación de funciones por parte de la administración, imponiendo obligaciones y competencias a los miembros de los CPA bajo una falsa apariencia de participación. No fomenta el voluntariado de las personas mayores, sino que las utiliza como parte de la estructura de personal para garantizar horarios y servicios», han agregado ambos sindicatos.
