La Asamblea General de Asaja Sevilla ha ratificado este jueves, a propuesta de su presidente, Ricardo Serra, la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra varios aspectos concretos de la nueva PAC al ser la provincia sevillana «la más afectada, con pérdidas para los agricultores y ganaderos de 242 millones de euros en el periodo 2023-2027.
El Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC) supone, en palabras de Asaja recogidas en una nota de prensa, «un retroceso» en la implantación de la Política Agraria Común y su adaptación al territorio. «Reduce» los estratos de ayuda, que pasan de 50 a 20, y «no tiene en cuenta condiciones agronómicas homogéneas o similares», con lo que provoca una diferenciación «artificial y arbitraria» de zonas agrarias que acaba «discriminando las zonas productivas en base a criterios subjetivos».
La organización agraria sevillana sostiene que la nueva arquitectura medioambiental de la PAC, apoyada fundamentalmente en los eco-regímenes, es «igualmente artificial y arbitraria», puesto que en algunos sectores, como en el de los pastos o el secano, establece unas diferencias entre lo que se califica como pastos húmedos y pastos mediterráneos, y entre secanos húmedos y secanos, y lo hace basándose únicamente en los índices pluviométricos de un periodo concreto, «sin tener en cuenta» criterios edafológicos, ambientales u otros índices; mientras que en otros sectores, como el regadío, no establece distintos eco-regímenes de riego por zonas homogéneas, sino un único eco-régimen para toda la diversidad existente en España.
Asimismo, la nueva regulación «penaliza» a las explotaciones que generan más empleo, «impidiendo» que se puedan acoger a la compensación de gastos laborales establecida por la normativa europea para no limitar la percepción de ayudas y a la que sí pueden acogerse los agricultores con explotaciones similares en el resto de países de la Unión Europea. «Es también muy grave el daño y las pérdidas que provoca la nueva PAC con los criterios de ponderación fijados en el pago redistributivo, que incomprensiblemente se articulan para perjudicar a los agricultores y ganaderos que tienen más de un sistema de cultivo», sostiene Asaja Sevilla.
Por todo ello, y «dado que en toda la tramitación el diálogo y el consenso han brillado por su ausencia», Asaja Sevilla interpondrá ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo para «evitar o al menos para mitigar pérdidas y agravios de consecuencias irreversibles». «La responsabilidad de este desaguisado es exclusiva del Ministerio de Agricultura, que pese a las manifestaciones convocadas en unidad de acción por las organizaciones agrarias y pese al pronunciamiento de decenas de expertos alertando de graves desequilibrios en el sistema de ayudas, ha mantenido su diseño caprichoso y arbitrario de la nueva PAC», ha afeado Asaja.
El nuevo sistema «castiga con especial dureza» a los agricultores y ganaderos andaluces, que perderán 500 millones de euros. La nueva PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz vea reducidas sus ayudas entre un 30 y un 40 %.