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Boliden destaca su «alivio» por el juicio tras 25 años «sin acuerdo» y dice que dejó la zona «de buen modo»

La empresa multinacional sueca Boliden ha expresado este martes su satisfacción por el inicio del juicio en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, que busca resolver la reclamación de 89,8 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Estos costes corresponden a la restauración medioambiental de la zona afectada por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados en la mina de Aznalcóllar hace 25 años, cuando Boliden operaba a través de la sociedad Andaluza de Piritas (Apirsa). La empresa asegura que dejó la zona en buen estado.

Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden, ha declarado a los medios de comunicación en la entrada del juzgado que es positivo que se celebre el juicio después de 25 años del desastre. «Afortunadamente, ambas partes pueden presentar sus argumentos. Veremos qué dictamina el tribunal», afirmó. La empresa sueca considera un «alivio» que se lleve a cabo el juicio después de varios años de discusiones con la Junta, sin llegar a un acuerdo. Nilsson destacó la importancia de tener un tercero imparcial que revise los argumentos presentados ante el tribunal.

El responsable de Comunicación de Boliden también defendió los «esfuerzos» realizados por la empresa «durante y después» del desastre, asegurando que dejaron la zona en buen estado. Reconoció que el tribunal llevó a cabo la primera sesión del juicio de manera respetuosa, pero prefirió no especular sobre el resultado y se remitió a la sentencia final.

La demanda de este juicio se dirige específicamente contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo, Boliden AB y Boliden BV. Según la representación de la Junta de Andalucía, en la vista previa celebrada en septiembre de 2022, la fractura de la balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 resultó en la liberación de aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, afectando unas 4.400 hectáreas, incluyendo áreas cercanas al parque natural de Doñana.

La Administración andaluza asumió la coordinación de las labores para combatir la gran liberación de residuos y restaurar el daño medioambiental, con la intención desde el principio de responsabilizar a los causantes de los gastos afrontados. Se destaca que Boliden, como titular de la balsa siniestrada y con una participación mayoritaria en Boliden-Apirsa y el grupo de sociedades mencionado, estaba directamente involucrada en el desastre.

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