La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) avanzar en «la profesionalización» del personal encargado de tramitar la contratación administrativa con el objetivo, junto a la mejora de los procesos y controles, de alcanzar un «nivel adecuado» en la integridad y fiabilidad de la información contractual disponible.
Así lo ha señalado en su fiscalización de seguimiento de conclusiones y recomendaciones recogidas en informes específicos sobre la Consejería de Salud y sus entidades dependientes, en los ejercicios 2017-2019. La finalidad principal, según explica, es evaluar la contribución que tienen sus informes en la mejora de las prácticas de gestión de las entidades del sector público.
En concreto, el ente fiscalizador ha realizado el seguimiento de los informes de la fiscalización operativa del Transporte Sanitario en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la fiscalización de cumplimiento y operativa de la contratación administrativa del SAS, fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, y la fiscalización de determinadas áreas dela gestión de Recursos Humanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La Cámara de Cuentas ha concluido que la Junta ha subsanado e implementado de forma total siete (16%) de las incidencias y propuestas comprobadas; 21 (49%) lo han sido de forma parcial y 15 (35%) aún no se habían puesto en práctica medidas específicas para su corrección. Las diez restantes hasta las 53 totales no pudieron ser finalmente comprobadas.
En cuanto al control interno, apunta que el marco normativo que regula el servicio de transporte sanitario no ha sido objeto de reforma y actualización, al igual que no consta que el marco de referencia sobre el modelo de externalización de los servicios sanitarios haya incorporado una regulación específica.
No obstante, señala que se puede suponer «el inicio de un proceso de revisión» con la aprobación de la resolución que establece el marco organizativo para el seguimiento del servicio de transporte sanitario programado y urgente del SAS. Asimismo, ha apuntado que la administración sanitaria ha procedido a licitar, adjudicar y formalizar nuevos contratos de transporte sanitario en todas las provincias andaluzas.
También se ha avanzado en cuanto a establecer objetivos para las distintas Centrales Provinciales de Compras, aunque todavía la Cámara de Cuentas ha detectado deficiencias en su definición. Si bien, detalla que sigue sin tener constancia de que la dotación de recursos humanos y estructura de estas centrales obedezca a planificación o criterio alguno para su óptimo funcionamiento.
La Cámara de Cuentas ha apuntado que «sigue sin disponer» de evidencia documental sobre los proyectos, estudios o análisis previos realizados para valorar el modelo de prestación del servicio de transporte sanitario. Por su parte, los recursos asignados a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han experimentado una evolución positiva entre 2018 y 2021.
En cuanto a la dificultad que se daba para cubrir vacantes con personal especializado en contratación administrativa y con la rotación de equipos directivos, ha destacado «una mejora» en el porcentaje de contratación administrativa normalizada, lo que acerca al objetivo del 75%.
La Cámara de Cuentas ha llamado la atención sobre «la falta de fiabilidad» de la población de contratos formalizados en 2020, de manera que «no ha sido posible alcanzar conclusiones generales».
Sobre la normativa de igualdad de género, todas las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias tienen aprobados sus respectivos planes de igualdad en el empleo, si bien, «tienen que actualizarse». Además, en el ámbito de la Consejería en sí «no existe actualmente ningún plan de igualdad en aplicación».
Por último, respecto a los incumplimientos detectados en los límites retributivos para altos cargos y directivos y su inicio de reintegro por los importes satisfechos en exceso, apunta que a los cargos intermedios no se aplican estos límites y en los altos cargos, «todas las situaciones en las que hubieron podido percibir retribuciones por encima de los límites legales han sido resueltas en sede judicial y, en su caso, regularizadas».
