CCOO-A ha mostrado su rechazo ante los proyectos de ley que regularán la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) –de formación on line y con sede en Málaga– y la Fernando III el Santo, vinculada a la Fundación San Pablo CEU Andalucía, que han sido aprobados este miércoles en el Parlamento andaluz, pese «a contar con todos los informes en contra» y mientras «se abandona a las públicas».
Por un lado, del Consejo Económico y Social de Andalucía y, por otro, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), órgano compuesto por los rectores de las universidades públicas, que «ya emitió un informe desfavorable», según ha indicado el sindicato en una nota de prensa.
Además, según ha apuntado la organización sindical, el informe del Ministerio de Universidades «también fue negativo, por la manifiesta falta de garantías sobre la sostenibilidad económica de los futuros campus, una deficiente planificación del profesorado y la imposibilidad de asegurar prácticas obligatorias externas».
En este sentido, la secretaria general de CCOO Enseñanza Andalucía, Marina Vega, ha manifestado su total desacuerdo con la implantación de estas dos nuevas universidades privadas «puesto que no reúnen, a la vista de los numerosos informes técnicos, unas mínimas garantías de calidad docente ni tampoco se garantiza que la preparación de los profesionales de estas instituciones que salgan al mercado laboral cuenten con la formación y capacitación adecuadas».
Por tanto, ha continuado Vega, «exigimos al Gobierno andaluz que deje de ser el vocero de las iniciativas privadas», y «le recordamos que Juanma Moreno debe, como presidente de todos los andaluces, centrar sus esfuerzos en reforzar el Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) que es el que representa a toda la sociedad andaluza. Un modelo que, además, ya es de calidad, que genera talento y contribuye a la creación de puestos de trabajo».
Asimismo, «a nadie se le escapa que estos nacimientos obedecen única y exclusivamente a criterios de oportunidad mediática y política, sin tener en cuenta que pueden desprestigiar al conjunto del sistema educativo. Por tanto, nos parece insólito que sea el propio Consejero de Universidad, Investigación, e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, el que se erija como firme defensor de estas instituciones ya que entendemos que ellas tienen grandes grupos mediáticos y económicos que las defiendan», ha añadido.
En esta línea, Vega ha continuado y ha espetado que «no nos quieran vender estas iniciativas como unos proyectos que ocuparán un terreno baldío que sumará a la oferta educativa andaluza, cuando realmente todos sabemos que son ‘universidades chiringuito’ concebidas a imagen y semejanza del modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con 13 universidades privadas frente a sólo seis públicas».
Por otro lado, CCOO ha recordado la Utamed ha pasado de ser una «pequeña» academia de formación profesional a constituirse en Universidad, en la misma ciudad donde compartirá edificio con un medio de comunicación que participa en su accionariado. Toda vez que la Universidad de Málaga se plantea la impartición de títulos de FP para compensar la posible pérdida de alumnado.
Asimismo, señalan que el deterioro de la universidad pública «no sólo es empobrecimiento educativo y cultural», sino también económico porque según numerosos estudios nacionales e internacionales, las universidades públicas «generan de cinco a siete euros de beneficio para la sociedad por cada euro invertido en ellas». Sin embargo, «para el sistema privado, esos beneficios se convierten en dividendos que van a unos pocos bolsillos», han matizado.
Desde CCOO enseñanza «insistimos en que el Gobierno andaluz se centre en desarrollar un modelo de financiación que permita la suficiencia financiera de las universidades públicas andaluzas, con el objetivo del 1% del PIB andaluz en la aportación de la comunidad autónoma al SUPA».
Por último, el sindicato ha destcado que actualmente la financiación es «insuficiente» y no supera el 0,93%, según datos del propio Gobierno andaluz, por lo que «falta inyectar más de 212 millones de euros al sistema público. Que se dejen de asfixiar económicamente a las universidades públicas mientras generan espacios para la implantación de las nueve universidades privadas que tienen previsto desembarcar en Andalucía», han finalizado.
