CCOO de Andalucía ha valorado positivamente el informe socioeconómico del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), que destaca la recuperación progresiva de la actividad económica en la región. A pesar de enfrentar diversas dificultades, como la pandemia, la crisis energética y alimentaria tras la guerra en Ucrania, así como una inflación elevada, los sectores productivos andaluces han reaccionado positivamente, especialmente el sector de servicios, como el comercio y el turismo, que se acercan a niveles previos a la pandemia.
No obstante, el informe señala una ralentización en las negociaciones colectivas que ha afectado a las rentas del trabajo, especialmente en el contexto de una inflación creciente. CCOO ha advertido que el aumento de las ganancias corporativas ha contribuido a la inflación, lo que ha impactado en las rentas de los trabajadores en Andalucía y en toda Europa.
El empleo ha mostrado un comportamiento favorable en general, en parte gracias a la aprobación de la reforma laboral, aunque la tasa de desempleo en Andalucía sigue siendo alta, y CCOO insta a reforzar los servicios públicos y la protección social. El sindicato pide aumentar la contratación de personal médico en atención primaria y pediatría, estabilizar las plantillas en centros de salud y hospitales, y reducir las listas de espera.
CCOO también destaca la necesidad de mejorar la atención a la dependencia, reduciendo los tiempos de valoración y acceso a prestaciones, y ampliar la cobertura de protección social, incluyendo la Rmisa (Renta Mínima de Inserción Social) y el IVM (Ingreso Vital Mínimo). Además, hacen hincapié en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para alquiler público, así como la rehabilitación energética y de seguridad en viviendas.
En términos de financiación autonómica, CCOO insiste en la necesidad de atender la reforma del sistema para garantizar la igualdad de oportunidades y servicios en toda la región.
El Consejo Económico y Social ha presentado un decálogo de propuestas y recomendaciones dirigidas al Gobierno andaluz, con el objetivo de guiar sus políticas y presupuestos hacia una transformación social y medioambientalmente sostenible, asegurando que nadie quede desatendido en el proceso.
