La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha expresado su preocupación ante la propuesta de modelo de financiación universitaria presentado por la Consejería de Universidad, ya que considera que incumple los compromisos establecidos en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado en marzo con los sindicatos. Según CCOO, la propuesta carece de un respaldo económico efectivo que garantice la suficiencia financiera de las universidades y la implementación de los acuerdos de 2018 que aún no se han cumplido.
En un comunicado, CCOO de Andalucía ha destacado que el modelo de financiación universitaria presentado no ofrece una certidumbre adecuada al sistema universitario, ya que no se incluyen compromisos económicos concretos. Aunque se han detallado diversos conceptos teóricos en los 19 folios del modelo, no se han establecido montos específicos ni una planificación económica para el periodo 2023-2027.
El sindicato ha señalado que, a pesar de mencionar el compromiso del 1% del PIB para las universidades, el modelo no garantiza recursos reales y efectivos, ya que se espera que las universidades cubran el 30% de su financiación con recursos privados. Tampoco se ha previsto cómo se recuperarán los fondos que fueron recortados del presupuesto universitario en los últimos años.
Además, CCOO ha indicado que en el documento no se especifican los indicadores de referencia para calcular el modelo, el incremento anual ni la senda de crecimiento hacia el objetivo del 1% del PIB en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El sindicato ha subrayado que esta propuesta no cumple con los acuerdos establecidos en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, ya que no ha sido negociada con los sindicatos, sino que solo se les ha informado de los primeros borradores.
CCOO ha advertido que si se aplica el modelo tal como está planteado, podría suponer un deterioro y desgaste del sistema universitario público, señalando que la Consejería de Hacienda podría tener un papel preponderante en las decisiones económicas relacionadas con las universidades, en detrimento de la propia Consejería de Universidad.
