El sindicato CCOO y el personal de la administración de Justicia han exigido este miércoles a la Junta de Andalucía cumplir los compromisos adquiridos con la plantilla ante los primeros traslados a Palmas Altas programados para el 31 de octubre.
Así lo han expresado el sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla y la comisión permanente de la junta de personal al servicio de la administración de Justicia, que han advertido del «agravamiento del colapso de tráfico rodado» en el acceso a la Ciudad de la Justicia debido a la «improvisación y falta de planificación», destaca el sindicato en una nota de prensa.
Al mismo tiempo, han manifestado sus inquietudes respecto a las condiciones laborales, el acceso al nuevo lugar de trabajo, los problemas de aparcamiento y servicios para el público y los empleados judiciales afectados: «Si ya es un problema notorio el acceso a Palmas Altas en horas punta, el traslado de los órganos judiciales a la zona conllevará un incremento de afluencia de personas, por lo que los problemas de tráfico se verán agravados con la incorporación de trabajadores de los juzgados».
Otros colectivos que también deberán desplazarse a las instalaciones son el personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, entre otros, y los y las profesionales y público que cada día acuden a las sedes judiciales, unido a las obras del Puente del Centenario y de la Avenida de las Razas: «Que el traslado de las oficinas judiciales se realice de forma escalonada, responde a la falta de previsión por parte de la Consejería».
En este sentido, está previsto un plazo de cinco años para que se complete el traslado de todos los órganos judiciales, «lo que empeora la dispersión de sedes judiciales a la actual descentralización, pasando de 800 metros, aproximadamente, a casi cinco kilómetros. Entendemos que Sevilla no se merece una Ciudad de la Justicia en diferido», han señalado CCOO y la junta de personal de la administración de Justicia, tal como señala el sindicato.
«No entendemos que la materialización de la Ciudad de la Justicia no se haga coincidir con el establecimiento de una red de transporte y plan de movilidad viable y sostenible, como en otras ciudades en las que se llevó en paralelo el plan de movilidad y la construcción. En estos casos se realizó el traslado en bloque o secuencialmente en un breve plazo, cuando ya estaba ejecutada la red de comunicación, ya fuera por tranvía, metro o Cercanías, dependiendo de la ciudad y la ubicación», han manifestado.
Sin embargo, en Andalucía se inicia el traslado sin acceso viable a la zona de Palmas Altas y, mientras, se elabora y se ejecuta el plan de movilidad, lo que conlleva años para su finalización. «Se comienzan, inconcebiblemente, los traslados de la oficina judicial de forma escalonada y con un cronograma de años, en lugar de esperar a la finalización del desarrollo del plan de movilidad, que sería lo coherente y operativo. Una vez más la Junta de Andalucía antepone sus intereses políticos y económicos a una justicia cercana y de calidad».
El sindicato advierte de que «la única previsión de acceso a Palmas Altas con motivo del traslado de los primeros juzgados consiste en una lanzadera desde el Prado de San Sebastián hasta Palmas Altas que la Administración estima un trayecto de 15 minutos, una estimación que estimamos poco realista».
CCOO también señala incumplimientos de la Consejería en relación a las condiciones de trabajo. Entre ellas, «la prevención de riesgos laborales o el aumento de días de teletrabajo para conciliar, ya que no hay colegios ni guarderías en la zona, servicios básicos, y plazas de aparcamiento con seguridad».
En relación al parking subterráneo, «el consejero y su equipo faltan a su palabra dada a los representantes del personal de Justicia, ya que las plazas de aparcamiento subterráneo se van a reservar a jueces, magistrados y fiscales, en contra de lo prometido por el consejero en cuanto a la posibilidad de plazas para todos trabajadores y trabajadoras de los órganos judiciales, sin distinciones clasistas».
