CCOO de Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz que el nuevo modelo de financiación de universidades asegure la suficiencia financiera del Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) recogido en la Ley Andaluza de Universidades, de modo que se puedan ejecutar los acuerdos de plantilla «pendientes desde hace cinco años» y las últimas subidas salariales para todo el personal de estas instituciones públicas.
En nota de prensa, el sindicato recuerda que en el desarrollo del Pacto social y económico por el impulso de Andalucía, suscrito la semana pasada por este sindicato junto con UGT, CEA y el Gobierno andaluz en el marco del diálogo social, se establece la negociación con los agentes sociales del modelo de financiación universitaria.
En este sentido, la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado su preocupación porque «vista la forma de actuar del Gobierno en los últimos meses, mucho nos tememos que la Consejería cerrará un modelo que nos presentarán solo para valoración y no para negociación. Y no estamos dispuestos a ser los convidados de piedra en este proceso que tiene a las universidades andaluzas en una precariedad e incertidumbre constantes».
La negociación, según Vega, «es la única forma de frenar el progresivo deterioro y privatización del Sistema Universitario Público Andaluz. Las universidades andaluzas necesitan que todos los actores sociales, con la Administración autonómica a la cabeza, nos sentemos a negociar y acordar un nuevo modelo de financiación que no sea impuesto como hasta ahora, sino que sea fruto del consenso con el objetivo claro de dotar a nuestras instituciones universitarias de la suficiencia financiera que les permita un desarrollo estratégico por cada una de ellas y ser ejemplos de enseñanzas de calidad».
CCOO ha exigido al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que «ejecute los acuerdos ya alcanzados sobre el abono del complemento autonómico del PDI, aplicación del 100% de los complementos de calidad y de evaluación del desempeño del PAS, el desarrollo de la carrera profesional del PDI y horizontal del PAS, y las medidas contra la precarización de las plantillas para fortalecer el conjunto del sistema y asegurar la no privatización del servicio público universitario, así como el desarrollo y adaptación a la LOSU».
Además, han asegurado que «es necesario que se mantenga una proporcionalidad en la inversión entre los diferentes sectores del personal que dé equilibrio al futuro del sistema, evitando la precarización y privatización de servicios públicos. Así como homogeneizar las estructuras retributivas y de plantillas garantizando el desarrollo profesional y la provisión de puestos, evitando la discriminación salarial y profesional, de modo que una persona con las mismas competencias y funciones no tenga unas condiciones profesionales, de trabajo o de retribución distintas, según la universidad en la que trabaje, por tener un tratamiento presupuestario diferente».
En cualquier caso, Vega ha dejado claro que «no podemos permitir que se obligue a las universidades a utilizar sus remanentes de tesorería para gastos corrientes. Esta circunstancia, además de llevarnos a la infrafinanciación, nos sitúa ante el hecho evidente de que el Gobierno andaluz quiere, bajo el paraguas publicitario de una ‘apuesta’ por la excelencia educativa, implantar una estrategia de políticas privatizadoras de la educación pública, donde Madrid y el Gobierno de Ayuso son el ejemplo a seguir. Lo que nos situará, si no le ponemos freno, ante un incremento de las desigualdades en el acceso y en la formación de la ciudadanía andaluza».
