Son múltiples los motivos por los que un producto puede acabar denunciado e introducido en la Red de Alerta de Productos de Consumo y, por ende, retirado del mercado, tales como riesgo de asfixia, riesgo de electrocución, de daño ocular o auditivo, de quemadura, de laceración o corte, de fractura o de lesiones varias, entre otros.
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía señala que esta red de intercambio de información destaca necesariamente por su agilidad, fruto de la coordinación a nivel provincial, autonómico, nacional y europeo, según ha señalado la consejería en una nota de prensa.
La detección de un producto que pudiera ser inseguro puede tener como origen las inspecciones que realiza la Administración de Consumo en sus diferentes campañas de control, pero también las denuncias de personas consumidoras que los utilizan.
Las personas denunciantes deben presentar una denuncia dirigida al Servicio de Consumo Provincial (Delegación Territorial de Salud y Consumo), ya sea de forma presencial, o mediante la presentación en un registro electrónico, donde tienen que facilitar la información del producto –denominación, marca, lote, referencia, empresa responsable–; detallar el lugar donde se adquirió el mismo; describir los hechos y aportar pruebas (como fotografías o vídeos) que puedan servir para demostrar lo denunciado.
La Administración de Consumo revisa la documentación, y lleva a cabo el análisis de esta, pudiendo ser necesaria la realización de pruebas en un laboratorio o verificaciones presenciales del personal inspector.
Una vez confirmada la inseguridad del producto, la Dirección General de Consumo lo notifica a la Red de Alerta de Productos de Consumo estatal.
Se trata de un sistema ágil en el que están coordinadas todas las autoridades encargadas del control del mercado, y es de ámbito tanto nacional –a través de SIRI, o Sistema de Intercambio Rápido de Información– como europeo –mediante Rapex, o Rapid Alert System for non-food dangerous products–.
La Comisión Europea recibe todos los días alertas procedentes de las autoridades nacionales sobre productos que pueden presentar riesgos para las personas consumidoras, las cuales se envían a través de Rapex (Safety Gate). En la web de Consumo Responde, también pueden consultarse los productos notificados en España y en la comunidad autónoma de Andalucía.
El proceso concluye con la retirada del mercado de los productos que se han incluido en la red de alerta, procediéndose a su inmovilización, a la prohibición o suspensión de su venta, y a la retirada de las existencias en los establecimientos. Asimismo, se toman medidas para recuperar los que ya se habían vendido.
