El primer día de huelga indefinida de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en toda España ha tenido un seguimiento del 85-90 por ciento en Andalucía, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El sindicato ha expresado su decepción por la falta de voluntad del ministerio para resolver el conflicto con una oferta seria que reconozca profesional y económicamente el trabajo de estos funcionarios, quienes representan el 93% del total de la Oficina Judicial.
Manuel Moreno, presidente del Sector de Justicia de CSIF Andalucía, ha destacado que el ministerio ha ignorado las demandas y endurecimiento de las protestas, lo cual ha tenido efectos negativos en la ciudadanía. Según Moreno, los funcionarios se sienten tratados como «funcionarios de segunda» en comparación con otros cuerpos, y han sido ignorados durante décadas en términos de reconocimiento profesional y salarial.
Además de la huelga, se han llevado a cabo acciones de protesta en diferentes lugares de Andalucía para destacar la discriminación que enfrenta este colectivo. Estas acciones preceden a una manifestación que se celebrará el jueves 25 de mayo en Madrid, a la cual asistirán funcionarios de toda España.
En el marco de esta movilización, se han realizado concentraciones en las subdelegaciones del Gobierno en Granada y Sevilla, así como en las ciudades de la Justicia de Córdoba y Málaga, y en el Palacio de Justicia de Huelva. También se han llevado a cabo asambleas informativas en sedes judiciales para explicar los motivos detrás de la protesta, que comenzó en abril y ha ido aumentando en intensidad debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Pilar Llop.
Los sindicatos convocantes, incluyendo CSIF, STAJ, CCOO y UGT, exigen al Gobierno que presente una propuesta económica concreta para su negociación. Específicamente, solicitan una mejora salarial acorde con las funciones diarias desempeñadas, que oscila entre 350 y 430 euros.
Esta mejora se lograría a través del concepto de «Complemento general del puesto», una retribución básica vinculada a las funciones, lo que permitiría aumentar los salarios en todo el país, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Según el comité de huelga, desde el inicio del conflicto se han suspendido y pospuesto más de 500.000 juicios, así como se han paralizado más de 30 millones de actuaciones judiciales, afectando a millones de ciudadanos en toda España.
