Agentes de la Policía Nacional de Sevilla han detenido a 145 personas de diversas nacionalidades por presuntos delitos de grupo u organización criminal, favorecimiento a la inmigración clandestina, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.
La investigación policial tiene su origen en el año 2021, tras detectarse la existencia de dos parejas de hecho fraudulentas y con ello la posible comisión de ilícitos penales que se pudiera derivar de los mismos.
Son estos hechos los que dieron origen a la primera fase de la Operación Bisen, en la que la investigación del grupo policial especializado culminó con la detención de once personas entre las que se encontraban cinco mujeres, que consintieron formalizarse como parejas de hecho de cinco hombres extranjeros, por lo que fueron detenidas por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.
Estas mujeres recibieron una contraprestación económica a cambio de aceptar el registro como pareja de hecho, lo que además confería a los hombres la posibilidad de obtener una tarjeta de residente de familiar de ciudadano de la Unión Europea y el acceso a los diferentes derechos socioeconómicos que la Administración concede.
La segunda fase de la operación tuvo inicio a mediados del año 2022, tras detectarse la creación de una empresa ficticia con domicilio social en la localidad sevillana de La Rinconada.
La actividad principal de dicha empresa era la de facilitar contratos de trabajo fraudulentos con la intención de que los falsos trabajadores pudieran percibir las prestaciones socio-económicas por parte de la Administración Pública, beneficios penitenciarios, acceder a préstamos bancarios así como para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España. La red habría proporcionado contratos de trabajo fraudulentos a 180 personas.
El administrador único de la empresa ficticia fue detenido en esta segunda fase de la investigación junto con ciento 34 personas más, implicados éstos últimos como presuntos trabajadores de dicha empresa.
A través de la investigación, se ha podido comprobar que la cantidad total de dinero defraudada al erario público por los supuestos trabajadores ascendía a unos 924.000 euros, si bien parte de la misma ya ha sido devuelta a la correspondiente Administración. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos.
