La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso de los ERE por las ayudas a la empresa Industrias Elizana S.A., con sede en Lucena, Córdoba, y dedicada a la fabricación de muebles.
En la sentencia notificada este lunes, que no es firme, la Sección Primera condena al ex alto cargo de la Junta como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Además, se le impone una pena de dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta.
Los magistrados tuvieron en cuenta «el especial desvalor de la acción delictiva, el perjuicio ocasionado al erario público y la posición de singular garantía que debía haber mantenido en el ejercicio de sus funciones», según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Por otro lado, también se condena al copropietario y administrador de la empresa, Pedro J.V., a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, y a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, en todos los casos con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.
El tribunal tuvo en cuenta el «especial perjuicio económico» que provocó a la administración autonómica y el hecho de que «prolongó su actuación delictiva entre 2007 y 2010». Asimismo, se condena al empresario a indemnizar a la Junta con 924.218,70 euros, con la responsabilidad solidaria del ex alto cargo de la Junta en 525.000 euros.
Entre los años 2007 y 2010, Industrias Elizana recibió ayudas que se obtuvieron «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y por medio de acuerdos y gestiones verbales protagonizadas singularmente» por el acusado Pedro J.V. con los sucesivos titulares de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en concreto, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
La Audiencia considera que el administrador de la empresa condenado «conocía la ausencia de licitud de la forma de concesión de las ayudas públicas que instaba de la Dirección General de Trabajo, y actuó de forma concertada con los sucesivos directores generales para su obtención». En una reunión celebrada en 2007, el empresario condenado obtuvo el «compromiso» del entonces titular de la Dirección General, Francisco Javier Guerrero, de la concesión de una ayuda. Para ello, el empresario «no hubo de presentar ninguna solicitud por escrito ni documentación».
En septiembre de 2010, el director general de Trabajo condenado dictó una nueva resolución que ordenaba a IDEA el abono del 75% del importe total concedido (525.000 euros), importe que finalmente se hizo efectivo el 3 de noviembre de ese mismo año en la cuenta de la empresa. Esta ayuda estaba destinada a los 49 trabajadores, pero en realidad fue concedida para liquidar la deuda que la entidad mantenía por el préstamo suscrito.
En el caso del ex alto cargo condenado, las resoluciones que dictó para la concesión de la subvención de 700.000 euros «se emitieron a pesar de que le constaba que sus antecesores habían prescindido de la tramitación de cualquier expediente para el otorgamiento de las ayudas», y «específicamente conocía que ya con anterioridad había sido otorgada una ayuda por 1.150.000 euros en fecha de 31 de julio de 2007 a la misma empresa, subvención que presuntamente estaba pendiente de abono y podía dar lugar a una reclamación por el beneficiario». En este caso, el perjuicio total ocasionado por la adjudicación de las ayudas se cifra en 975.000 euros.
